Cuando se presentó como candidato para fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, nacido en Harlem y antiguo líder estudiantil afroamericano, habló de su sueño de “transformar” lo que podría decirse que es la principal oficina de aplicación de la ley del país “para ofrecer seguridad y justicia para todos”. En cualquier caso, es casi seguro que Bragg será recordado por Donald Trump.
A poco más de un año de su tumultuoso mandato, el fiscal de Manhattan está haciendo historia al presentar cargos penales contra el expresidente de Estados Unidos (EU). Un gran jurado presentó la semana pasada una acusación después de una tortuosa investigación de cuatro años que inició el predecesor de Bragg, Cyrus Vance.
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Los cargos se derivan de un pago de 130 mil dólares a la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, justo antes de las elecciones de 2016. Michael Cohen, el antiguo encargado de arreglar las cosas de Trump, testificó que le pagó a Daniels en nombre del expresidente para comprar su silencio sobre una aventura de 2006 con el entonces candidato. Donald Trump niega que tuvo algún amorío con Daniels (a la que recientemente llamó “cara de caballo”) y desestimó la investigación al calificarla como una “motivación política”.
El caso amenaza con fracturar a una nación ya de por sí dividida y se cierne sobre las elecciones de 2024. Donald Trump despertó el temor de que se repita lo ocurrido el 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos, llamando a sus partidarios a las calles, aunque de momento solo unos cuantos han aparecido por los juzgados de Manhattan. En Washington, los republicanos prometieron investigar a Bragg, y uno de ellos, el senador Rand Paul de Kentucky, dijo que lo deberían meter en prisión.
Por su parte, los antiguos fiscales se muestran asombrados ante un caso que, según ellos, supera en magnitud a cualquiera de los que llevó el legendario Robert Morgenthau, quien durante 34 años transformó una fiscalía local en una que domina el mundo, gracias a los poderosos intereses financieros y corporativos con sede en Manhattan.
“Es el caso más grande de la historia de la fiscalía, y eso es algo muy importante”, dijo un antiguo fiscal. Tras ese sentimiento está la pregunta: ¿Tiene Bragg la capacidad necesaria?
Para quienes le conocen, Alvin Bragg, de 49 años, es una persona ecuánime, muy apreciada en la oficina y carente del narcisismo y el ego habituales en los políticos neoyorquinos. Aunque eso puede ser admirable personalmente, el temperamento de Bragg ha suscitado dudas sobre si tiene el talento adecuado para supervisar un caso que sin duda trascenderá los límites habituales de la ley.
“La gente podría hacer disturbios”, advirtió un asesor político de Nueva York. “¿Cómo van a explicar esto a Estados Unidos?”
Bragg sabe lo que es operar en mundos diferentes. Se crió en Harlem, donde sigue viviendo, y creció asistiendo a la Iglesia Bautista Abisinia local. También conoció los elementos más duros del barrio.
Una experiencia formativa y traumática ocurrió cuando la policía apuntó con una pistola a la cabeza de Bragg, en ese entonces de 15 años, durante un registro rutinario de “detener y registrar”. Sobre esto habló con regularidad durante su campaña de 2021 y que le proporcionó una comprensión temprana del sistema judicial.
Sobre él...
“Alvin está bajo mucha presión de gente que está obsesionada con Trump, dentro y fuera de la oficina"
Sin embargo, incluso cuando era chico, Alvin Bragg navegaba simultáneamente por instituciones de élite, en su mayoría blancas. Estudió en la prestigiosa Trinity School de Manhattan y luego fue a Harvard. Como presidente de la Black Student Association (Asociación de Estudiantes Negros) de la universidad, se ganó una reputación de conciliador entre los grupos del campus, según un perfil publicado en 1995 en The Harvard Crimson, el periódico universitario. “En él hay una clara sensación de ungido”, escribió Anna Wilde, señalando que Bragg guardaba un mapa de Harlem en su dormitorio.
Después de la Facultad de Derecho de Harvard, Bragg trabajó en la Fiscalía General de Nueva York y en el Distrito Sur de Nueva York. Regresó a la oficina del fiscal general para enfocarse en la mala conducta policial. Aunque su oficina abrió más de una docena de investigaciones, no consiguió ninguna condena y perdió dos casos de alto perfil en el juicio. “No hay que avergonzarse de una exoneración. Uno presenta los casos en los que cree”, dijo Bragg en mayo de 2021, cuando sus oponentes se lo repitieron constantemente durante las primarias demócratas.
La reforma de la justicia penal fue central en una campaña, que inició durante un ajuste de cuentas nacional sobre la raza después del asesinato de George Floyd en 2020. Pero cuando Bragg asumió el cargo en enero de 2022, muchos neoyorquinos se habían vuelto presa del miedo por el aumento de la delincuencia y el nuevo fiscal no supo percibir el cambio de los vientos políticos. Un memorando “del primer día” dirigido al personal •en el que les ordenaba que dejaran de perseguir delitos menores• desató un estruendo. “Alvin Bragg cometió algunos errores de novato”, reconoció un abogado que es su admirador.
Casi al mismo tiempo, la investigación de Donald Trump parecía desmoronarse. El equipo de Cyrus Vance había seguido adelante con el caso del dinero secreto, pero llegó a ver otro más prometedor: el hábito de Trump de exagerar el valor de sus activos, lo que, según creían, le ayudaba a obtener préstamos bancarios y otros beneficios.
Obstaculizados por las tácticas dilatorias del equipo jurídico de Trump y la disrupción por el covid, no consiguieron una acusación antes de que Vance dejara el cargo. Cuando Bragg asumió el puesto, pisó el freno, lo que provocó la renuncia de los dos fiscales que supervisaban la investigación, uno de los cuales criticó la renuencia de Bragg a procesar como “equivocada y completamente contraria al interés público”.
Aquellos que simpatizan con Bragg se quejan de que fue empujado a una posición imposible. “Si Cyrus tenía un caso procesable, lo habría encausado”, dijo uno. Era natural que el nuevo fiscal hiciera sus propios juicios.
Bragg y su equipo al final concluyeron que el caso de las valoraciones era complicado, pero que valía la pena reactivar el denominado “caso zombi”. Uno de los cargos que han considerado es el de la falsificación de registros comerciales, basado en la afirmación de Michael Cohen de que Trump le reembolsó en cuotas que luego se registraron en los libros de la compañía como honorarios legales. Esos pagos también podrían infringir las leyes federales de financiamiento de campañas.
Es difícil evaluar los méritos de un caso de este tipo sin ver las pruebas. Algunos antiguos fiscales lo consideran legítimo, y el máximo ejemplo de justicia estadunidense se ejerce sin miedo ni favoritismos.
Aún así, Cohen, un delincuente convicto, sería un testigo problemático. Y para pasar de un delito menor a uno más grave, el caso podría basarse en una combinación no probada de leyes estatales y federales. “Alvin está bajo mucha presión de gente que está obsesionada con Trump, dentro y fuera de esa oficina”, dijo un exfiscal. “(Donald Trump) no vale lo que le estamos haciendo a nuestro sistema de justicia penal”.
srgs