Uno de los principales grupos empresariales de Washington condenó a quienes perpetúan “la falsedad de unas elecciones presidenciales ilegítimas en 2020”, mientras el aniversario de la violencia del año pasado en el Capitolio de Estados Unidos provocó un nuevo escrutinio sobre la respuesta del sector corporativo.
La declaración de la Business Roundtable, el principal grupo de cabildeo de las grandes empresas de Washington, se produjo mientras los activistas presionaban a las compañías estadunidenses para que respaldaran su retórica a favor de la democracia con un mayor apoyo al derecho al voto y cambios en su gasto político.
Algunas alianzas de compañías más pequeñas hicieron eco de esta opinión. Business for America, entre cuyos miembros se encuentran PayPa ly Warby Parker, señaló que no es suficiente que los empleadores emitan declaraciones y alienten al personal a votar.
“Instamos a todas las compañías a que se aseguren de que sus futuras donaciones se destinen a quienes apoyan unas elecciones libres, justas, accesibles y seguras que representen la voluntad del pueblo”, indicó.
El aniversario de la insurrección de una turba que impugnaba la derrota electoral de Donald Trump suscitó nuevas advertencias sobre los riesgos sistémicos que supone para las empresas y los inversionistas, lo que dos colaboradores del Brookings Institution calificaron esta semana como una democracia estadunidense que “retrocede”.
Sindicatos y grupos de defensa exigieron más transparencia en torno al gasto político de las empresas y a los compromisos con la equidad racial, argumentando que los cambios en las leyes de voto de los estados republicanos afectarán de forma desproporcionada a los votantes de las minorías.
Una coalición que incluye al Sindicato Internacional de Empleados de Servicios y al Centro Interreligioso para la Responsabilidad Corporativa indicó el miércoles que presentó propuestas de accionistas relacionadas con el cabildeo en empresas como Charter Communications, Eli Lilly y GEO Group, y resoluciones de equidad racial en Goldman Sachs, Pfizer y Home Depot.
“La insurrección esclareció cómo las donaciones corporativas pueden apoyar o subvertir la democracia y la justicia racial”, dijo Alphonso Mayfield, presidente del Sindicato de Servicios Públicos de Florida.
Renaye Manley, subdirectora del departamento de iniciativas estratégicas del Sindicato de Empleados de Servicios, dijo que los sindicatos quieren que el gasto político de las empresas esté sujeto a más transparencia y a supervisión de los consejos de administración.
Citizens for Responsibility and Ethics in Washington, un grupo liberal de defensa, informó esta semana que 717 empresas y grupos industriales, entre ellos Boeing, Koch Industries y General Dynamics, habían donado desde el 6 de enero del año pasado a miembros del Congreso que se oponían a los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 o a comités republicanos que apoyaban su reelección.
Sin embargo, otros señalaron que solo una minoría de empresas había roto sus compromisos de suspender el apoyo a los políticos que perpetuaban la idea de unas elecciones robadas. Alrededor de 80 por ciento de los directores ejecutivos que hicieron esas promesas las cumplieron, dijo Jeffrey Sonnenfeld, profesor de la Yale School of Management.
Bruce Freed, presidente del Center for Political Accountability, dijo que veía más interés por parte de las empresas en adoptar su modelo de transparencia en torno al gasto político, pero que los cambios están “llegando más lento” que en la retórica corporativa.
“Demasiadas compañías y sus dirigentes siguen actuando como si la política y los negocios fueran lo habitual. No es así”, dijo Freed.
Varios activistas presionan a las empresas para que expresen su apoyo público a la legislación federal sobre el derecho al voto propuesta por los demócratas. Daniella Ballou-Aares, jefa de la coalición empresarial Leadership Now, dijo que el renovado debate del Congreso sobre la cuestión volvió a elevar el tema en las agendas políticas de las empresas.
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Chuck Schumer, principal demócrata del Senado, insiste en que la cámara alta del Congreso votará sobre la modificación de su reglamento a más tardar el día de Martin Luther King Jr., el 17 de enero, para allanar el camino a los demócratas para que actúen solos en la aprobación de la legislación sobre el derecho al voto.
Sin embargo, muchos en Washington permanecen escépticos de que se pueda llegar a un acuerdo, dada la persistente oposición declarada de al menos dos senadores demócratas a los cambios, que requerirán el apoyo de los 50 demócratas de la cámara alta.
“Si la legislación fuera más clara, (los directores ejecutivos) se alinearían en apoyo de Schumer, pero es muy difícil ver qué es lo que hay que apoyar” dijo Sonnenfeld.
David Clunie, director ejecutivo de Black Economic Alliance, dijo que algunos ejecutivos se muestran “preocupados por el análisis costo-beneficio” y poco dispuestos a gastar capital político para apoyar una legislación que puede no ser aprobada.
“Por desgracia, se hizo un esfuerzo efectivo para presentar este asunto como algo partidista, cuando a lo largo de la historia no lo ha sido”, añadió, y señaló que algunas empresas solo se sienten cómodas apoyando respuestas bipartidistas, pero los proyectos de ley federales sobre el derecho al voto de los demócratas no habían persuadido a ningún republicano de romper filas.
En una encuesta de Morning Consult entre 400 ejecutivos estadunidenses, que publicó Public Private Strategies, se muestra que 72 por ciento cree que la democracia de EU está definitiva, o probablemente, bajo amenaza.
Ballou-Aares añadió que muchas empresas fueron disuadidas de expresar su apoyo a la legislación electoral por las acusaciones de algunos líderes republicanos de que los capitalistas woke (con consciencia social) debían mantenerse al margen de la política.
Esa narrativa de los “directores woke” y la idea de que el derecho al voto es una cuestión partidista ganaron tracción y crearon preocupación entre algunos directores ejecutivos”, dijo.