Para nuestros amigos: justicia y gracia. Para nuestros enemigos: la ley a secas”. Esta descripción concisa sobre cómo convertir a la justicia en un arma con fines políticos se le atribuye a Benito Juárez, presidente de México en el siglo XIX. Pero, desde México hasta llegar al sur en Argentina, todavía describe bien gran parte de América Latina en la actualidad.
La investigación sobre la corrupción más grande de la historia en Latinoamérica, el escándalo de “Lava Jato” (Autolavado), que descubrió miles de millones de dólares en sobornos que pagó un grupo de compañías brasileñas, quedó prácticamente destruida por acusaciones de sesgo político. Mensajes interceptados entre Sergio Moro, el juez que llevó los casos, y el fiscal principal sugieren una colusión con el objetivo de acabar con el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
No importa que gran parte de la corrupción demostrada por la investigación Lava Jato giraba en torno a Petrobras, la petrolera controlada por el Estado, entonces presidida por un aliado cercano Lula, ni que el fraude ocurrió mientras era presidente. Cuando un juez de la Corte Suprema anuló sus propias condenas por corrupción por un tecnicismo, Lula elogió esto como prueba de que toda la investigación fue una cacería de brujas.
Sin duda, la evidencia sobre la que Lula fue condenado era débil. Moro se convirtió en un blanco al aceptar un puesto en el gabinete bajo el presidente Jair Bolsonaro, un líder con poca consideración por la ley. Una decisión judicial posterior también encontró que Moro mostró sesgo en el juicio de Lula. El resultado es que toda la investigación Lava Jato ha sido disuelta, para el deleite de la sobornable clase dirigente política y la desesperanza de muchos.
En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador intensificó la presión sobre los jueces. El juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, un exprocurador general de la República, fue acusado de lavado de dinero y se congelaron sus cuentas bancarias. Una vez que renunció, sus cuentas se desbloquearon, y no se presentaron cargos.
El director de la división de las Américas de Human Rights Watch, describió el movimiento como “una operación de mafiosos, más como ‘El Padrino’ que de una república moderna”.
Entonces, cuando otro juez falló en contra de la preciada Reforma Eléctrica de López Obrador, el presidente le pidió a la Suprema Corte que lo investigara. Ahora, el presidente planea un referéndum sobre si llevar a juicio a los expresidentes por cargos de corrupción y “crímenes neoliberales”. Los dóciles tribunales están de acuerdo con la idea.
A Argentina le va un poco mejor. El presidente Alberto Fernández planea reformar el Poder Judicial, pero los críticos ven un intento poco velado de obstaculizar 11 investigaciones de corrupción contra Cristina Fernández de Kirchner, la poderosa vicepresidenta y exlíder del país.
Él Dice...“Benito Juárez entendió que para América Latina prospere, la justicia y la gracia se deben aplicar a los enemigos y a los amigos por igual”
Cristina Fernández de Kirchner encabeza una campaña en contra de lo que ella llama “lawfare”. Con esto se refiere a “la articulación de los medios y el Poder Judicial para perseguir a los líderes políticos de los gobiernos que estaban en el poder”. Pero su definición es selectiva: los perseguidos solo incluyen a líderes y amigos de izquierda, como el ecuatoriano Rafael Correa, que ahora vive en Bélgica luego de ser condenado por corrupción. Cuando se trata de políticos de derecha, como el expresidente de Argentina Mauricio Macri, Fernández de Kirchner y sus aliados de la “lawfare” son claros: deben ser procesados.
Bolivia es tal vez el peor ejemplo reciente. Después de que Jeanine Añez se convirtió en presidenta interina en 2019, siguiendo una línea de sucesión establecida constitucionalmente, grupos de derechos humanos la criticaron con razón por buscar los juicios, al parecer por motivos políticos, de Evo Morales, su predecesor y sus asociados.
Pero cuando el Movimiento al Socialismo, el partido de Morales, regresó al poder en octubre pasado, esos juicios fueron abandonados y la veleta legal cambió de dirección hacia la expresidenta interina. El mes pasado, ella y otros miembros del gobierno interino fueron encarcelados en espera de juicio por cargos de “sedición y terrorismo”, una medida que despertó la preocupación de la ONU. Bolivia es un “caso claro de un Poder Judicial que carece de independencia fundamental con respecto al gobierno... los jueces y fiscales simplemente siguen la política de quien está a cargo”, dice Vivanco.
Ese tipo de hábitos son endémicos en la región. La restauración de la democracia en América Latina en la década de 1980 tal vez regresó a los militares a los cuarteles. Pero todavía no proporciona jueces o fiscales totalmente independientes. ¿Lo habría aprobado Benito Juárez?
No, dice el historiador Enrique Krauze. Su famosa frase sobre la aplicación de la justicia fue mal citada. De hecho, Juárez fue un firme defensor de los tribunales independientes. Mejor que muchos presidentes posteriores, entendió que para que América Latina prospere, la justicia y la gracia se deben aplicar a los enemigos y a los amigos por igual.
srgs