La administración Trump se prepara para un inusual enfrentamiento en la corte el jueves entre abogados de dos agencias federales antimonopolio que van a argumentar en lados opuestos de un caso de Qualcomm que puede ayudar a dar forma a la carrera para desarrollar la tecnología 5G.
El Departamento de Justicia de EU (DoJ, por sus siglas en inglés) se puso del lado del fabricante estadunidense de chips en un momento en que Qualcomm trata de anular la pérdida sufrida en el juicio el año pasado en una demanda de la Comisión Federal de Comercio de EU (FTC, por sus siglas en inglés) realizado los últimos días de la administración Obama.
Los abogados de la división antimonopolio del Departamento de Justicia, encabezados por Makan Delrahim, un ex cabildero de Qualcomm recusado del caso, argumentaron que la seguridad nacional de Estados Unidos está en juego, mientras que los abogados de la FTC acusaron al DoJ de interferir con la aplicación de la ley antimonopolio.
“Esto no solo es inusual, es más directamente confrontacional que cualquier cosa que haya visto”, dijo Bill Baer, miembro de la Brookings Institution quien dirigió la aplicación de la competencia bajo presidentes demócratas tanto en el DoJ como en la FTC.
El polémico movimiento del Departamento de Justicia es solo un ejemplo del enfoque intervencionista que adoptan cada vez más partes de la administración Trump mientras la Casa Blanca trata de socavar el liderazgo que tomó China en el desarrollo de las comunicaciones 5G.
Qualcomm es acusado de cobrar de más por las patentes que los fabricantes de smartphones tienen que comprar para cumplir con los estándares de la industria para las comunicaciones celulares. Un juez de distrito dictaminó en mayo del año pasado que el fabricante estadunidense de chips “estranguló a la competencia” y ordenó cambios drásticos en sus prácticas de ventas.
El DoJ argumentó que incluso si Qualcomm hubiera cobrado precios “irrazonablemente altos”, eso es permitido en virtud de ley de competencia de EU, y dijo que concluir lo contrario podría “socavar radicalmente importantes incentivos para innovar”.
Sus abogados argumentan que una pérdida para Qualcomm puede dañar la seguridad nacional al “socavar potencialmente el liderazgo de EU en la tecnología 5G y el establecimiento de estándares, lo cual es vital para la preparación militar y otros intereses nacionales críticos”.
En 2018, Estados Unidos citó preocupaciones de seguridad nacional cuando bloqueó una oferta de 142 mil millones de dólares por Qualcomm que presentó Broadcom de Singapur.
Más recientemente, la administración consintió pasos radicales como la compra directa de participaciones mayoritarias en competidores de Huawei, el proveedor chino de equipos de telecomunicaciones, para ayudar a asegurar las capacidades 5G de Estados Unidos.
La intervención del Departamento de Justicia en el caso Qualcomm de la FTC le brindó al fabricante de chips el apoyo que tanto necesita en una demanda que puede dar un duro golpe a su negocio después de una serie de casos similares en todo el mundo.
Pero también alimentó las tensiones entre las dos agencias, que se han hecho más evidentes ya que tanto el DoJ como la FTC llevaron a cabo investigaciones paralelas y de gran envergadura de posibles violaciones antimonopolio por parte de las grandes compañías de tecnología.
Tanto el Departamento de Justicia como la FTC son responsables de la aplicación civil de la ley de competencia de Estados Unidos. Pero históricamente han evitado interferir en los casos del otro, y en su lugar se asignan investigaciones entre sí a través de un proceso de autorización.
Joseph Simons, el presidente de la FTC, quien también fue recusado de la demanda porque su antiguo bufete de abogados trabajó para Qualcomm, calificó la intervención del Departamento de Justicia como “muy inusual”.
“Estoy seguro de que no estarían contentos si hiciéramos eso en su caso. Entonces, puedes imaginar cuál fue la reacción aquí”, dijo al Financial Times en una entrevista el año pasado.
La FTC demandó a Qualcomm por primera vez en enero de 2017, pocos días antes de que Donald Trump tomara protesta como presidente, cuando dos de sus cinco puestos de comisionado estaban vacantes. El voto para presentar el caso fue 2-1.
Después de un juicio el año pasado, el Departamento de Justicia intervino para instar a la jueza Lucy Koh a no imponer remedios duros a Qualcomm. El DoJ también ayudó a la firma a obtener una suspensión parcial del fallo, ya que apoyó la apelación de la compañía al Noveno Circuito.
Los abogados de la FTC respondieron a la participación del Departamento de Justicia, argumentando que su posición equivale a conceder inmunidad a Qualcomm de “cualquier consecuencia financiera por violar las leyes antimonopolio”.
En las presentaciones, Qualcomm dijo que sus negociaciones con los fabricantes de teléfonos en efecto son entre iguales, diciendo que “negocian duro” y que “toma medidas para preservar sus derechos de patente”.
“No hay base para el intento de la FTC de volver a describir esta negociación común entre compañías sofisticadas como violaciones federales antimonopolio”, dijo en una presentación de diciembre. La compañía también aprovechó la intervención del DoJ para reforzar su posición. “La dudosa calidad del razonamiento del Tribunal de Distrito también es subrayada por el desacuerdo de los reguladores sobre este caso”, escribió.
El litigio puso de relieve un programa más amplio de intervención en demandas no relacionadas con el Departamento de Justicia encabezadas por Delrahim, así como una disputa ideológica más profunda sobre el papel adecuado de la aplicación de la competencia en asuntos relacionados con patentes.
Delrahim, un abogado de patentes, argumentó enérgicamente que la ley antimonopolio tiene poco que jugar en las disputas sobre la concesión de licencias de propiedad intelectual.
Una comisionada comparte opinión
Las opiniones del caso son compartidas por al menos una comisionada republicana de la FTC, Christine Wilson, quien escribió en el Wall Street Journal el año pasado que el fallo del tribunal de distrito contra Qualcomm estaba “muy lejos de la corriente principal”, e hizo un llamado al mencionar: “Insto a los tribunales superiores a reconsiderar la sensatez de las conclusiones del juez”, escribió.
Acusan avance “sin timón” del proceso
En noviembre, William Rinner, jefe de gabinete de Delrahim, dijo en una conferencia que el caso de la FTC “avanza como un barco sin timón”. Argumentó que la historia vería las acciones del Departamento de Justicia “probablemente como uno de los aspectos menos polémicos del caso”.