El "fast fashion", comienza a preocupar a la Unión Europea para ser sustentables

Cuando la periodista Anne-Marie Schiro reseñó la llegada de Zara International al Upper East Side de Manhattan en 1989, utilizó la expresión fast fashion (moda rápida) para describir su enfoque. La nueva tienda ofrecía estilos frescos que solo 15 días antes habían sido creados en la sede de la compañía en España. 

Zara, escribió Schiro, hablaba un lenguaje que entendían los jóvenes con un presupuesto ajustado “que, sin embargo, cambian de ropa tan seguido como de color de lápiz de labios”. Sus palabras fueron una poderosa profecía de una nueva era en la moda. En 2012, Inditex, la matriz de Zara, producía 840 millones de prendas al año.

En la actualidad, a estos gigantes de la moda rápida de primera generación --un grupo totalmente europeo, que incluye a la sueca H&M y al minorista de descuento Primark de Dublín-- se les unieron marcas más asequibles y agresivas, ultra fast (ultrarrápidas) y con destreza en las redes sociales, como el minorista británico Boohoo y el gigante chino Shein. En conjunto, sobre alimentaron la velocidad a la que se fabrica, se consume y se desecha la ropa.

Sin embargo, este exceso de prendas baratas y efímeras ha tenido un enorme costo ambiental y social. La Comisión Europea calcula que el europeo promedio tira a la basura 12 kilogramos de ropa al año, y el consumo de productos textiles representa “el cuarto mayor impacto negativo sobre el medio ambiente”.

Ahora, la cuna de la moda rápida empieza a tomar medidas para terminar con eso. Ante la creciente presión sobre la Unión Europea (UE) para que cumpla su objetivo climático de cero emisiones netas para 2050, Bruselas estableció una visión amplia para reformar el sector.

Para 2030, quiere que los productos textiles importados al mercado de la UE sean “duraderos y reciclables, que en gran medida sean fabricados con fibras recicladas, libres de sustancias peligrosas y producidos respetando los derechos sociales y el medio ambiente”. Es parte de lo que la UE describe como una “economía circular”, en la que el bloque consume y desecha menos en general.

La UE espera que su legislación aliente a los responsables de la formulación de políticas de todo el mundo a adoptar medidas similares y obligar a las marcas a replantear sus prácticas comerciales con beneficios, para todos los mercados donde venden su ropa.

“La industria nunca fue parte de la historia y creo que eso es lo que cambia las reglas del juego. Eso… inevitablemente los llevará a pensar de una manera más responsable”, dijo el mes pasado Virginijus Sinkevičius, comisionado de Medio Ambiente de la UE.

Sin embargo, lograr esto implica cambios en la legislación existente, campañas de concientización y una nueva propuesta para exigir a los productores --ya sean fabricantes, importadores o distribuidores-- que paguen por el tratamiento de los residuos textiles.

Pero los defensores de la sustentabilidad dicen que las propuestas, si bien son un paso en la dirección correcta, son demasiado vagas y no están respaldadas por medidas concretas. “Hay grandes pronunciamientos, pero la intención de ‘queremos acabar con la moda rápida’ todavía no se traduce en ley”, dice Maxine Bédat, autora del libro Unraveled: The Life and Death of a Garment.

Estas intenciones tampoco van acompañadas todavía con la infraestructura necesaria. Según los nuevos objetivos de residuos y reciclaje, por ejemplo, los Estados miembros deberán recoger los textiles desechados a partir de 2025. Pero en muchos casos, las instalaciones de reciclaje necesarias no están ampliamente disponibles para tratar tejidos compuestos de múltiples fibras, como el algodón y el poliéster. El elastano, que se añade a muchas prendas para aumentar la elasticidad, puede actuar como contaminante durante el proceso de reciclaje y primero debe extraerse, lo que aumenta el costo.

“Parece haber mucho énfasis en la divulgación de información en la ropa y en la circularidad”, añade Bédat, que quiere que se preste mayor atención a la lucha contra las emisiones. “Pero no tenemos las soluciones tecnológicas para este mítico mundo circular”.

La cultura de lo desechable

La industria mundial de la moda desde hace mucho tiempo es un negocio sucio. Pero es el ascenso de los minoristas en línea ultrarrápidos, lo que condujo a un volumen sin precedentes de ropa barata y de mala calidad hecha de poliéster virgen y otros tejidos sintéticos derivados de combustibles fósiles. Estos artículos tienen poco o ningún valor de reventa y terminan incinerados o languideciendo durante cientos de años en rellenos sanitarios, generalmente en países en desarrollo.

La producción textil mundial, de la cual 81 por ciento se utiliza en la industria de la ropa, casi se duplicó entre 2000 y 2015. Se espera que el consumo de prendas de vestir y calzado crezca otro 63% entre 2022 y 2030, hasta 102 millones de toneladas, predice la Agencia Europea de Medio Ambiente.

El exceso de ropa de bajo precio contribuye a una cultura en la que los consumidores la consideran cada vez más desechable. Más de la mitad de toda la moda rápida se desecha en menos de un año, según la Fundación Ellen MacArthur, una organización sin fines de lucro que hace campaña contra el desperdicio y la contaminación. Si el precio promedio de un artículo vendido por Shein es de alrededor de 7.60 dólares, por ejemplo, resulta más conveniente para los consumidores comprar ropa nueva, que reparar ropa existente o comprar ropa de segunda mano.

También se acusa al modelo de moda rápida de contribuir a condiciones laborales de explotación, para mantener los precios bajos que esperan los clientes. La tragedia del Rana Plaza de 2013, en la que un edificio comercial de ocho pisos en Bangladesh se derrumbó y mató a más de mil 100 personas, en su mayoría mujeres y niños, ayudó a exponer las terribles circunstancias que enfrentan muchos trabajadores de la confección.

Los legisladores que presionan por el cambio a menudo citan el incidente, pero el ritmo de esos esfuerzos desde entonces ha sido lento en el mejor de los casos. Bédat, el autor, dice que la UE debería establecer como requisito legal que las marcas paguen salarios dignos en toda su cadena de suministro, para permitir que los trabajadores y sus familias satisfagan sus necesidades básicas.

Sin embargo, hasta ahora, se ha dejado que la industria de la moda se autorregule, a pesar de que grupos de la industria y diseñadores, como Stella McCartney y Orsola de Castro, piden una mayor intervención gubernamental. De todos los estados miembros de la UE, solo Francia, Suecia y, más recientemente, los Países Bajos han implementado planes para responsabilizar financieramente a los productores por los residuos que generan.

Otro problema de confiar en la acción voluntaria, dice Valérie Boiten, responsable principal de políticas de la Fundación Ellen MacArthur, es que las marcas que intentan mejorar se encuentran “en desventaja competitiva”. “A fin de cuentas, hay que pagar una prima por el diseño circular (y otras medidas de sustentabilidad)”, añade.

Esto cambiará cuando la legislación a nivel de la UE entre en vigor en 2030, pero Emily Macintosh, responsable de políticas para textiles en la Oficina Europea de Medio Ambiente (EEB, por sus siglas en inglés), argumenta que el esquema de responsabilidad extendida del productor (EPR) propuesto no debería “permitir a los productores pagar para contaminar por una cuota insignificante”. Y añade: “No podemos simplemente recaudar dinero a través de un sistema EPR para financiar la recolección, la clasificación, el reciclaje y la circularidad… en Europa sin reconocer que una gran cantidad de nuestros productos textiles y de moda se exportan al sur global”.

Por el lado de la industria, el progreso ha sido lento. Marcas como H&M, Zara y Primark pusieron en marcha programas de “recuperar” la ropa en las tiendas, invitando a los clientes a dejar la ropa usada de cualquier marca a cambio de un descuento en una compra futura, lo que ha sido ampliamente condenado por los defensores de la sustentabilidad por fomentar un mayor consumo. Hasta la fecha, 369 empresas textiles, de ropa, calzado y artículos de lujo se comprometieron voluntariamente con objetivos basados en la ciencia, en línea con los esfuerzos para mantener el calentamiento global a 1.5 grados Celsius por encima de los niveles preindustriales. Sin embargo, solo 170 han sido aprobados por la iniciativa Science-Based Targets, una asociación entre el Carbon Disclosure Project, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) y el Fondo Mundial para la Naturaleza.

El greenwashing, mediante el cual las marcas se promocionan como más respetuosas con el clima y sustentables de lo que realmente son, está muy extendido. Algo que la UE ha tratado de abordar en su Directiva sobre afirmaciones ecológicas, que se publicó en marzo, es la mejor forma de medir las afirmaciones de sustentabilidad de las empresas. El objetivo de la nueva ley es regular cómo las empresas verifican sus declaraciones ambientales. Se van a prohibir las declaraciones que no cumplan con los criterios mínimos establecidos.

La Comisión Europea estima que fundamentar una sola afirmación sobre los materiales utilizados podría costar alrededor de 500 euros, un costo que podría aumentar hasta 54 mil euros si las empresas quisieran demostrar declaraciones sobre su huella ambiental general dependiendo del método utilizado.

Por otra parte, el Instituto de Recursos Mundiales establece directrices para que las compañías midan las emisiones tanto de su propia producción como de la de sus proveedores, pero con menos atención en los residuos o el consumo. Dado que la industria involucra cadenas de suministro multinacionales complejas, el WRI admite que es difícil para las empresas acceder a los datos primarios necesarios, particularmente sobre la producción de materiales primarios como el algodón.

Se han hecho esfuerzos para abordar la falta de información. La Sustainable Apparel Coalition lanzó el Índice Higg en 2012, un conjunto de estándares diseñados para ayudar a las empresas de todo el mundo a rastrear el impacto ambiental y social de sus productos. Abarca cuestiones que van desde residuos y uso de productos químicos hasta derechos humanos y prácticas laborales.

Pero el índice, rebautizado desde entonces como Worldly, es criticado por las ONG por estar demasiado sesgado por los intereses de la industria y no ser lo suficientemente sólido, algo que desde entonces se ha comprometido a abordar. Otras medidas, como la Evaluación del Ciclo de Vida y la Huella Ambiental del Producto, ambas diseñadas para calcular los efectos que un producto tiene en el medio ambiente desde su creación hasta su desecho, también son acusadas de no ser algo suficiente.

“La razón por la que (ese tipo de metodologías) están cayendo es porque tomamos materiales de la naturaleza, de una granja, y los mezclamos con materiales de un origen muy diferente”, como los poliésteres a base de petróleo, dice Dalena White, secretaria de general de la Organización Internacional del Textil de Lana. “Estamos produciendo fibras naturales con una huella (ambiental) mucho mayor porque nunca medimos de dónde viene el petróleo”.

El peso del cambio

En una atmósfera de alta inflación y tensiones en torno al comercio global, muchas empresas temen que el impulso de la UE por la sustentabilidad tenga un precio demasiado alto.

Parte del problema es la gran cantidad de legislación que introdujo la comisión. Euratex, el organismo europeo de la industria textil, estima que actualmente se trabaja en 16 leyes relevantes para los textiles, que abarcan todo tipo de cosas, desde la contratación pública sostenible hasta el uso de productos químicos y las normas sobre el envío de residuos.

Y eso es solo en la UE. En Estados Unidos (EU), grupos comerciales del sector de la moda respaldaron recientemente un proyecto de ley propuesto en California, conocido como SB 253, que exige que las empresas con ingresos de más de mil millones de dólares (mdd) informen anualmente sobre las emisiones de gases de efecto invernadero en toda su cadena de valor.

Una propuesta por separado en Nueva Yorkconocida como Ley de la Moda va a requerir que todos los minoristas de ropa y calzado con ingresos globales de al menos 100 mdd establezcan y alcancen objetivos basados en la ciencia para reducir sus impactos climáticos, o enfrentar multas de hasta 2 por ciento del total de sus ventas anuales.

Algunos en la industria argumentan que las demandas de la UE no son realistas. “Para la que probablemente sea la industria más antigua del mundo, (la transición verde) es un gran desafío porque queremos cambiar todo en un corto espacio de tiempo y la cadena de valor no está preparada para eso”, dice Mauro Scalia, director de negocios sustentables de Euratex.

Scalia argumenta que una mejor manera de promover la sustentabilidad sería exigir que los gobiernos se aseguren de comprar telas sustentables para los trabajadores y servicios públicos, como toallas en los hospitales o uniformes para los bomberos: “Si empiezas a pedir que todos tengan algo de criterio de sustentabilidad, se envía una tremenda señal al mercado”.

Hay otros que creen que cambiar el comportamiento del consumidor es la clave para impulsar a la industria hacia una mayor sustentabilidad.

Una de las formas de lograrlo es mediante las llamadas etiquetas ecológicas. El “Grüner Knopf” o Botón Verde de Alemania, por ejemplo, que se lanzó después del desastre del Rana Plaza, otorga un sello de aprobación a los productos que pueden demostrar que tienen sólidas credenciales ambientales y sociales. Sin embargo, solo un poco más de dos quintas partes de los consumidores alemanes lo conocen. De manera similar, el Nordic Swan (Cisne Nórdico), una iniciativa voluntaria, existe desde 1989.

La UE, que tiene un sistema similar para los electrodomésticos, trabaja en una versión revisada para los textiles. Bruselas también planea establecer un “pasaporte digital de producto” que proporcionará a los consumidores información sobre cómo se puede reciclar o reparar un artículo. Pero los funcionarios advierten que la Comisión debe equilibrar la necesidad de evitar declaraciones ecológicas erróneas sin confundir a los consumidores con una gran cantidad de etiquetas.

“El problema es que tenemos demasiadas etiquetas”, dice un funcionario de la UE que trabaja en legislación en materia de consumo, quien también se quejó de que la mitad no cumplían con los criterios.

El aumento de las compras en línea también significa que medidas como éstas tienen menos impacto. En cambio, los consumidores, en particular los jóvenes, son bombardeados con anuncios y contenido aspiracional patrocinado en sitios de redes sociales como Instagram y TikTok. Shein, que tiene 30.1 millones de seguidores en Instagram, y Boohoo, que tiene 12.6 millones, hacen un uso efectivo de los llamados influencers para comercializar su ropa.

Shein dice que su “modelo de producción eficiente, bajo demanda” está bien alineado con los esfuerzos de la UE para reducir el desperdicio, y agrega que se estableció una hoja de ruta que “describe nuestro compromiso de abordar los desafíos sociales y ambientales adoptando prácticas sustentables”. Boohoo no respondió a las solicitudes de comentarios.

Pero los representantes de los consumidores afirman que la responsabilidad de desarrollar una industria más limpia no puede depender únicamente de que la gente cambie su estilo de vida. Monique Goyens, directora general de BEUC, cree que abordar el enorme daño que la industria textil causa al planeta significa alejarse por completo de una economía de crecimiento que requiere que las personas “sigan comprando cosas con dinero que no tienen para cosas que no necesariamente necesitan”.

“La circularidad no significa que no sea capitalista. Se pueden crear nuevas empresas y nueva riqueza (sin agotar) la materia prima”, dice, y añade que existe una “oportunidad de negocio para la gente creativa e innovadora”.

Pero hasta que la industria no se vea obligada a cambiar, la mayor parte de la ropa del mundo se seguirá tirando a la basura. Los activistas están convencidos de que si Europahabla en serio de limpiar el segmento de la moda rápida, debe exigir legalmente a las empresas que establezcan y cumplan objetivos basados en la ciencia. “La metodología ya existe”, dice Bédat. “Si eso es lo que quiere conseguir la UE, así debe ser la ley”.

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