La Fiscalía Federal de Suiza abrió una investigación sobre la adquisición deCredit Suisse por su rival de mayor tamaño, UBS, respaldada por el Estado.
La fiscalía, con sede en Berna, investiga posibles infracciones de la legislación penal suiza por parte de funcionarios del gobierno, reguladores y ejecutivos de los dos bancos, que acordaron una fusión de emergencia el mes pasado en el transcurso de un frenético fin de semana para evitar una crisis financiera potencialmente catastrófica.
De acuerdo con una persona familiarizada con la investigación, uno de los puntos centrales es la información sensible de las negociaciones que se filtró a la prensa, lo que puede constituir una violación del secreto de Estado o de las leyes de espionaje industrial.
“La Fiscalía Federal quiere cumplir de forma proactiva su misión y su responsabilidad de contribuir a un centro financiero suizo limpio y estableció el monitoreo con el fin de tomar medidas inmediatas en cualquier situación que caiga dentro de su campo de actividad”, declaró la autoridad a Financial Times.
Hay “varios aspectos de los acontecimientos en torno a Credit Suisse” que merecen ser investigados, dijo, que necesitan ser analizados para “identificar cualquier delito que pueda ser competencia (de la fiscalía)”.
El fiscal, Stefan Blättler, emitió una serie de “órdenes de investigación” a organismos gubernamentales. Su oficina también se puso en contacto con los gobiernos federal y local y es probable que intente entrevistarse con funcionarios clave respecto a la adquisición.
La unión forzada de los dos bancos provocó protestas en Suiza: los partidos políticos convocaron a una sesión extraordinaria del Parlamento este mes en la que se puede llegar a votación para elegir una comisión formal de investigación.
Las encuestas muestran que más de tres cuartas partes de los ciudadanos suizos se oponen a la adquisición por 3 mil 250 millones de dólares, que creará un gigante financiero con más de 5 billones de francos suizos (5.5 billones de dólares) de activos bajo su administración.
La mayoría está a favor de la legislación para dividir el banco o incluso de medidas para recuperar los bonos de los altos cargos, que deben ser considerados responsables de sus actos.
Parlamentarios de todo el espectro político también cuestionaron el uso de poderes de emergencia por parte del gobierno —el Consejo Federal, compuesto por siete personas— para ampliar las garantías financieras respaldadas por los contribuyentes a UBS y silenciar la posible oposición de los accionistas.
El Consejo Federal emitió una ordenanza para eliminar más de 16 mil millones de francos suizos de los denominados instrumentos de deuda híbrida subordinada AT1 emitidos por Credit Suisse con el fin de facilitar la adquisición, al tiempo que optó por preservar parte del valor para los accionistas.
La medida enfureció a algunos grandes inversionistas internacionales de renta fija y causó preocupación entre los reguladores internacionales por su impacto en la capacidad actual de otros bancos para recaudar capital.
Algunos de los inversionistas afectados prometieron llevar al gobierno suizo y al regulador financiero ante los tribunales por esta decisión.
Berna insiste en que la urgencia de la situación el mes pasado le dejó pocas opciones. Credit Suisse experimentó un dramático deterioro en su capacidad de acceso a la liquidez en los días previos a que se completara el rescate, el 19 de marzo, indicaron las autoridades.
De acuerdo con la ministra de Finanzas, Karin Keller-Sutter, una absorción estatal de Credit Suisse o su disolución ordenada en un proceso conocido como “resolución” no eran alternativas viables a la absorción debido a los inaceptables riesgos financieros en los que se habría incurrido para los contribuyentes.
Los accionistas de UBS y Credit Suisse —a los que el gobierno les impidió opinar— tendrán la oportunidad de expresar sus quejas en las juntas anuales de ambos bancos.
Credit Suisse y UBS no quisieron hacer comentarios.