El comité parlamentario que examina el colapso de Thomas Cook describió un “catálogo de fallas y errores de apreciación” en la relación entre el grupo de viaje y sus auditores, mientras critica al gobierno por no reformar la profesión.
Rachel Reeves, diputada laborista que preside el comité de estrategia de negocios, empresarial e industrial, dijo que hubo un “claro conflicto de intereses” para PwC, que ganó 4 millones de libras durante cinco años asesorando a Thomas Cook mientras también actuaba como su auditor.
“Si bien reconocemos que PwC con el tiempo terminó su trabajo no referente a las auditorías para Thomas Cook, nos decepciona que esto solamente se produjo como una reacción a un cambio en la ley”, dijo Reeves en un resumen de las conclusiones y recomendaciones del comité que se publicaron en lunes.
Los miembros del Parlamento que pertenecen al comité también criticaron el fracaso de los auditores para desafiar las suposiciones de fondo de comercio que realizaron los directores de Thomas Cook, diciendo que sería “motivo de una gran preocupación” si el fondo de comercio se trata de esta manera en todo el FTSE 350.
“Presenta una imagen de los autómatas de auditoría que son incapaces de sacar las conclusiones más básicas de un balance general, algo que pone en duda sobre qué es lo que agregan al proceso de informes corporativos”.
Thomas Cook redujo más de 1 mil millones de libras del fondo de comercio poco antes de entrar en liquidación, después de que anteriormente no había encontrado motivos para hacerlo. EY, que sustituyó a PwC como auditor de la compañía, ya está siendo investigado por su auditoría de las cuentas de 2018.
Las deficiencias de la profesión de auditoría y su incapacidad para reconocer la complicidad en una “serie de fracasos corporativos” significaron que la legislación para reformar debería ser prioritaria después de las elecciones generales de diciembre, dijo el comité.
“Muchas de las medidas necesarias sobre auditoría, remuneración a los ejecutivos y gobierno corporativo se encuentran en la bandeja de entrada del gobierno desde hace meses”, agregó Reeves.
El comité también dijo que los directores no ejecutivos no impugnaron las decisiones estratégicas, especialmente en lo que respecta a la acumulación de deuda, y que las disposiciones de reembolso de bonificaciones tienen que fortalecerse “por ley si fuera necesario”.
Reeves pidió a Peter Fankhauser, el último director ejecutivo del grupo, que “corrija los errores que ha hecho”. Durante las audiencias ante el comité, Fankhauser dijo que consideraría devolver alrededor de 8 millones de libras en remuneraciones y prestaciones que recibió durante su gestión de casi cinco años.
La quiebra de Thomas Cook intensificó un debate políticamente cargado en el Reino Unido sobre lo que debería esperarse de una auditoría. La diferencia entre las responsabilidades legales de un auditor y las expectativas de los accionistas, empleados y pensionados de una empresa es una parte central de una revisión del gobierno que encabeza Donald Brydon, que publicará sus conclusiones en enero.
La quiebra del grupo de viajes también provocó críticas al gobierno de Reino Unido por aparentemente dejar a la deriva su motivación para reformar el mercado de auditoría.
John Kingman, el arquitecto de las reformas de auditoría previstas y de gran envergadura, el mes pasado criticó al gobierno por no legislar para un nuevo regulador de contabilidad con más poderes.
Ian Peters, director ejecutivo del Chartered Institute of Internal Auditors, escribió al Departamento de Negocios para decir que había “serias dudas sobre el compromiso del gobierno de reformar el regulador de auditoría”.