La industria naviera se enfrenta a los comercializadores para decidir quién debe pagar el costo financiero de las nuevas regulaciones ambientales, mientras el sector, altamente contaminante, se enfrenta a una presión cada vez mayor para disminuir su impacto ambiental.
Los navieros presionan a las empresas que alquilan buques, como los comercializadores de petróleo, para que cubran las pérdidas si se rebaja de categoría a los buques según la nueva regulación, que califica la intensidad de carbono.
Jan Dieleman, presidente de transporte marítimo de Cargill, empresa líder en el comercio de alimentos, que arrienda alrededor de 700 buques, dijo que el sector naviero pretende aplicar “algo que no es blanco o negro a (una cuestión) que tiene matices”.
Un ejecutivo de otra empresa, que fleta más de 300 buques, también criticó los intentos de “eximir de responsabilidad (a los grupos navieros)”, y agregó que ese tipo de propuestas “no se ajustan al propósito”. Los grupos navieros también deben responsabilizarse de que sus buques funcionen de forma eficiente.
La disputa sobre quién debe pagar por las emisiones del transporte marítimo ahonda una larga lucha por establecer incentivos para descarbonizar el comercio mundial.
El transporte marítimo, que distribuye hasta 90 por ciento de las mercancías en todo el mundo, sigue dependiendo casi totalmente de los combustibles fósiles y es responsable de cerca de 3 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, según la OCDE. En julio, diplomáticos en la Organización Marítima Internacional (OMI) de la ONU fijaron el objetivo de que el transporte marítimo llegue a emisiones netas cero de gases de efecto invernadero “alrededor de” 2050.
En un esfuerzo por animar al sector a disminuir su impacto ambiental, la OMI introdujo el Indicador de Intensidad de Carbono, que clasifica de la A a la E a los buques, en función de sus emisiones.
Los grupos navieros temen que se produzca un impacto en el mercado cuando se registren las primeras calificaciones obligatorias el próximo año, ya que algunos clientes importantes, como Amazon, Unilever e Ikea, se comprometieron a utilizar barcos con emisiones cero para 2040.
Para dar respuesta a las preocupaciones de los grupos navieros, Lars Robert Pedersen, subsecretario general de Bimco, dijo que redactaron un acuerdo legal para que los grupos navieros inserten en los contratos de los clientes. La cláusula establece que los comercializadores que arrienden un buque no deben hacer que su índice de intensidad de carbono aumente por encima de un nivel acordado, por ejemplo, aumentando la velocidad del barco, y añade que los grupos navieros tienen derecho a reclamar cualquier pérdida o costos sufridos si no se cumple con este acuerdo.
Los ambientalistas critican la falta de medidas estrictas para hacer cumplir el nuevo sistema a los buques que obtengan las calificaciones más bajas, así como los posibles resquicios en el cálculo de las calificaciones.
La clasificación de las emisiones es como “un tiburón regulador, que merodea por las aguas del transporte marítimo sin los afilados dientes de la aplicación de la ley”, dijo Nick Austin, abogado especializado en transporte marítimo del bufete Reed Smith.
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