Las obras prioritarias para las que el gobierno de México busca financiamiento del Banco Europeo de Inversiones (EIB, por su sigla en inglés) tendrían que cumplir con las regulaciones europeas en materia de protección ambiental y de impacto social.
“Los proyectos en los que el banco decide invertir tienen que estar en línea con las políticas y reglamentaciones locales y europeas, o son rechazados y deben replantearse”, dijo a MILENIO Tim Smit, vocero del BEI.
En entrevista comentó que una ocasión el organismo aceptó financiar una autopista que pasaría por un bosque sólo a condición de que se plantará en otro lugar el equivalente de árboles que serían destruidos. “Pero ese fue un caso raro, ya que cuando se presenta un proyecto negativo para el medio ambiente, el organismo prefiere no participar”, acotó Smit.
La canciller Alicia Bárcena se reunió el pasado 16 de julio con el alemán Werner Hoyer, presidente de la institución europea de crédito, “para explorar las posibilidades de inversión” en el Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec y el Plan Sonora, proyectos que activistas cuestionan por sus efectos sobre la naturaleza y las comunidades locales.
Ese encuentro se dio en el marco de la tercera Cumbre Unión Europea-Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que se realiza en la capital belga, en donde se anunció el nuevo programa estrella de inversiones de la UE, Global Gateway, con un fondo de 45 mil millones de euros para países latinoamericanos y en el que participa el BEI junto con otras instituciones y Estados europeos.
El gobierno de México no ha depositado formalmente la solicitud de inversión al banco con sede en Luxemburgo, dado que la reunión que sostuvo la secretaria de Relaciones Exteriores con Hoyer fue “de orientación”.
Una solicitud formal de préstamo requiere que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregue documentos con la descripción de los proyectos, los detalles técnicos, el monto que se pide y el historial de las empresas desarrolladoras.
“Tenemos un departamento técnico muy grande que para aceptar un proyecto primero se asegura que éste respeta los reglamentos europeos y que funciona correctamente, que no será algo que se deteriore o que no produzca lo que prometió”, explicó Smit.
El BEI ofrece préstamos a tipos de interés muy bajos y con plazos de pago en función de la vida económica que pueda tener la obra, por lo que estos créditos pueden durar décadas. Sólo puede invertir hasta 50 por ciento del costo total del proyecto para evitar un desequilibrio de los mercados comerciales de financiamiento.
Una vez que el gobierno de México haga la solicitud oficial del préstamo, un grupo de expertos técnicos del banco estudiará las obras sobre el papel y es posible que tengan que viajar a México para hacer una valoración sobre el terreno. Ese personal especializado dará posteriormente su punto de vista en una “ficha interna” a los órganos de dirección que tomarán una decisión final.
Smit refirió que el proceso para autorizar o no un préstamo dura entre tres y seis meses, pero puede tomar más tiempo si el proyecto es muy complejo y los expertos del banco necesitan pedir más información al Estado solicitante.
Agregó que sería hasta después de concederse el préstamo que el gobierno de México tendría que negociar con la institución europea la tasa de interés que se aplicará y la duración de la deuda que corresponderá pagar a las futuras administraciones mexicanas.
En caso de que una obra reciba inversión del BEI y posteriormente sea cancelada, como sucedió con la construcción del aeropuerto de Texcoco que suspendió AMLO, Smit responde enfático: “Tenemos la garantía de los países de la Unión Europea o del Estado que pidió el préstamo. De una manera o de otra vamos a recuperar la inversión”.
MRA