Las reformas a las leyes que influyen en la industria minera paralizarán a esta actividad económica, pues acortan la duración de las concesiones, frenan los procesos de exploración y generan incertidumbre sobre la continuidad de los proyectos, de acuerdo con la calificadora Fitch Ratings.
En un análisis, la firma detalló que la búsqueda de nuevos yacimientos será la más afectada, porque a falta de detalles por definir en leyes secundarias, la exploración la centralizará el gobierno en su agencia Servicio Geológico Mexicano (SGM), que permitirá la investigación privada si logran acuerdos de colaboración.
“Esto podría resultar en subastas públicas de nuevas concesiones en lugar de un proceso de darle prioridad al primer solicitante. Además, los requisitos son los mismos para cada etapa de explotación, lo que genera una mayor carga regulatoria para proyectos en etapa inicial. Esto incluye la presentación de futuros planes de cierre de minas, cuando tales detalles son difíciles de obtener antes de explorar”, indicó.
También afirmó que las concesiones están sujetas a derechos de los pueblos, puesto que el gobierno puede revocar el permiso si considera que la actividad extractiva pone en riesgo el consumo humano local de agua, “lo que aumenta la incertidumbre y los requisitos administrativos”.
La ley también impone estándares de informes más altos, incluido sobre uso diario de agua.
Los propietarios de terrenos superficiales tendrán derecho a por lo menos 5 por ciento de participación en las utilidades si la empresa minera no obtiene los derechos de superficie.
“Como la actividad minera ya no se considera prioritaria por ley, no pueden convocarse expropiaciones de superficie ni arrendamientos forzosos. Se realizará una consulta previa a las comunidades indígenas”, destacó.
Por último, indicó que se acortarán las concesiones de 50 a 30 años (cinco años de preparación con 25 años de operación), con una renovación automática de 25 años seguida de una licitación que puede sumar 25 años más, con preferencia para el titular.
“Con ello la duración máxima de un permiso se redujo de 100 a 80 años. La ley afecta a las nuevas concesiones, pero aún no se resuelve con respecto a las actuales, a la espera de las normas finales de las respectivas secretarías de gobierno”, mencionó Fitch.
Afirmó que las reformas fueron aprobadas apresuradamente en una sede alterna del Senado el último día del periodo legislativo, sin la presencia de legisladores de oposición.
La aprobación incluyó reformas a la Ley de Aguas Nacionales de México, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos.
Solicitan aclaraciones
Fresnillo plc, la mayor productora de plata en México y el mundo, remarcó que algunas de las nuevas reformas en materia de la industria minera en el país deben tener aclaraciones adicionales por parte del regulador.
En un comunicado, la empresa que forma parte de Industrias Peñoles dijo que esto se logrará a través de asesoramiento o regulaciones complementarias (leyes reglamentarias) que aún no se emiten.
“Fresnillo plc continúa analizando la reforma en detalle; sin embargo, en esta etapa, la compañía no cree que tendrá ningún impacto material en sus operaciones actuales o proyectos de exploración avanzados”, explicó.
En cuanto a las concesiones mineras para las operaciones actuales, la empresa no espera que alguna de las actuales se vea afectada como consecuencia de las nuevas leyes, ya que cuentan con todos los permisos necesarios que permiten las labores de manera continua.
AMP