Organizaciones ambientales se opusieron a la creación de un comité científico por parte de autoridades federales para evaluar la viabilidad de explotar hidrocarburos no convencionales mediante fracking.
En un comunicado los especialistas y activistas de diversas asociaciones sostuvieron que no existe una versión sustentable del fracking mediante el uso de agua residual tratada o de mar para evitar el consumo de agua dulce.
"Los riesgos y los daños del fracking para la salud pública y el clima son reales y van en aumento", señaló un comunicado conjunto de organizaciones que integran la Alianza Mexicana contra el Fracking
Agregaron que existen más de 2 mil 300 estudios científicos, que documentan impactos negativos acumulados durante 15 años de aplicación de esta técnica en Estados Unidos.
El documento añadió que la implementación de plantas de tratamiento para el uso de agua residual representaría un reto financiero significativo para Petróleos Mexicanos (Pemex), con una inversión inicial que se estima entre 5 y 10 millones de dólares por instalación.
Explicaron que el tratamiento por evaporación de un solo barril de agua producida puede oscilar entre 3 y 6 dólares debido al alto consumo energético y aun extrayendo todo el gas del subsuelo, la proyección para 2035 de 4 mil 988 millones de pies cúbicos diarios seguiría siendo insuficiente para cubrir la demanda actual.
“Apostar por la extracción de gas fósil con fracking es consolidar el modelo fósil y corporativo que profundiza desigualdades territoriales y debilita la autonomía energética comunitaria”, se lee en el comunicado.
La Alianza Mexicana contra el Fracking y decenas de colectivos advirtieron que la soberanía energética no puede alcanzarse "sacrificando territorios y el futuro de las siguientes generaciones".
Argumentan que esta política profundiza la dependencia de los combustibles fósiles, contraviniendo la Agenda 2030 y las recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.
“El Estado Mexicano no debe olvidar sus obligaciones en materia de derechos humanos establecidas en la Constitución y en diversos instrumentos internacionales que ha suscrito, entre ellos, el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, a la Participación Pública y a la Justicia en Asuntos Ambientales (Acuerdo de Escazú) y el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales”, señalaron las organizaciones ambientales.
jjb