Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que los proyectos Gasoducto Extensión Sureste Etapa I y Etapa II, que atraviesan el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM), pone en riesgo el ecosistema, que se extiende a lo largo de la costa veracruzana, y sus servicios ambientales.
En un comunicado el Cemda exigió a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) desechar dichos proyectos y ordenar que se presente una sola manifestación de impacto ambiental, de tal forma que se evalúen todas las partes del proyecto y su impacto acumulativo; y garantizar una consulta pública.
El megaproyecto de infraestructura se trata de dos etapas, que se llevará a cabo en los municipios de Tuxpan, Tamiahua y Coatzacoalcos del estado de Veracruz, y en el municipio de Paraíso del estado de Tabasco. La finalidad de dicho proyecto es transportar gas natural y abastecer la creciente demanda vinculada con la Refinería Dos Bocas y el Corredor Industrial Transístmico.
El Cemda dijo que de acuerdo con la ley y con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) del Amparo en Revisión: 54/2021, la ASEA debería haber suspendido los trámites toda vez que la fragmentación de un proyecto en dos evaluaciones de impacto ambiental no está permitida y es violatoria del derecho humano a un medio ambiente sano.
"Esto es así debido a que, al fragmentar un proyecto, se impide a la autoridad llevar a cabo un análisis integral del riesgo y evaluar los impactos negativos sinérgicos y acumulativos en los ecosistemas, obligándola a tomar una decisión sin conocer el riesgo real que implica este megaproyecto".
Añadieron que el arrecife es de suma importancia biocultural por los beneficios que aporta a las comunidades y personas que habitan en las costas, tales como el amortiguamiento de eventos climáticos extremos, la diversidad culinaria y la economía local de las comunidades tradicionales de pesca, entre otros.
"De ahí que se insista en la necesidad de que el proyecto sea evaluado con la mejor información científica disponible, la cual permita visibilizar los impactos acumulativos. De acuerdo con lo que señala la ley, ante la falta de certeza sobre los riesgos ambientales que se pueden ocasionar sobre el CASGM, corresponde aplicar el Principio de Precaución".
Los solicitantes agregaron que la ASEA no ha garantizado los derechos humanos a la información y a la participación, toda vez que las versiones públicas de las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA) de los proyectos están incompletas y se ha censurado información central como los mapas de la ubicación precisa del proyecto.
srgs