Dentro del debate por la Ley de Hidrocarburos y sus cambios propuestos por el gobierno federal, en Tamaulipas hay 10 empresas a quienes la Comisión Reguladora de Energía (CRE) detuvo sus permisos de seguir con la importación de combustibles para su venta y distribución, tanto en el estado como al resto del país.
José Ángel García Elizondo, presidente de la Comisión de Política Energética en la Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo), aseguró que los inversionistas del ramo establecidos en la entidad integran una lista de 60 corporativos del mismo índole a la espera de contar con la autorización para traer el producto desde Texas y Louisiana.
Cabe señalar que el 76 por ciento de las gasolinas ofertada en todo el país proviene en su mayoría de Estados Unidos, proceso que realizan compañías extranjeras y nacionales, incluidas Petróleos Mexicanos (Pemex). Con lo anterior, las seis refinerías (entre ellas la Francisco I. Madero, en la zona sur del estado), solamente producen el 24 por ciento.
“La CRE tiene hasta esta fecha permisos detenidos a empresas de México, principalmente son renovaciones para continuar con la importación. En todo el país son 60, entre ellas hay 10 establecidas en Tamaulipas quienes no pueden hacer operaciones debido al retraso del órgano regulador”, expuso.
Esta situación se puede agravar en caso de hacerse algunas modificaciones sobre la compra de petrolíferos, esencialmente en el almacenaje. Cabe señalar que en Altamira se encuentran varios proyectos como Huasteca Fuel Terminal, Avant Energy, Cooper/T. Smith y Valero, este último en fase inicial de edificación.
“Hay distintos tipo de permisos por su duración, sobre todo las tienen las grandes transnacionales con vigencia de 20 años, otros de cinco a 10 años, otros están en renovación pero con la política de gobierno y en estos momentos con las oficinas de las CRE cerradas, están detenidas”, expuso García Elizondo.
La iniciativa del Presidente Andrés Manuel López Obrador fue aprobada para hacer cambios en diversos artículos fue aprobada hace unos días en la Cámara de Diputados. Propone la suspensión temporal de los permisos de refinación, transporte, almacenamiento, distribución, compresión, regasificación, comercialización y expendio de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, en caso de “peligro inminente” para la seguridad nacional, la seguridad energética o la economía nacional.