La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) indicó que el presidente Andrés Manuel López Obrador no está cumpliendo con lo ventilado con anterioridad, sobre que el sector automotor sería escuchado en cuanto a la propuesta de regularizar los autos chocolate.
Guillermo Rosales, presidente ejecutivo del organismo, expresó a MILENIO que pese a la disposición al diálogo mostrada tanto por Adán Augusto López, titular de la Secretaría de Gobernación, como por Tatiana Clouthier, titular de la Secretaría de Economía, no se ha logrado ningún avance en la materia.
“Existe falta de cumplimiento a la oferta del titular del ejecutivo de tomar en cuenta la opinión del sector automotor”, aseveró.
Este jueves, el presidente López Obrador en su conferencia matutina desde Palacio Nacional pidió a los secretarios de Gobernación, Economía y a la consejera jurídica apurar los trabajos para iniciar con la regulación de estos autos importados de forma ilegal. El mandatario reconoció que ya se demoró el inicio de este programa, que consideró ya tendría que estar en funciones y atendiendo a las personas interesadas.
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Rosales recordó que han transcurrido 82 días desde la firma en Ensenada, Baja California, del acuerdo por el que se instruyen diversas acciones a las dependencias correspondientes, en relación a la importación definitiva de vehículos usados, sin que a la fecha se concrete este programa.
Agregó que, en este periodo, la introducción de vehículos se ha incrementado sin que exista la voluntad política para frenar el contrabando, lo que contradice el compromiso presidencial de que sólo era una medida encaminada a beneficiar a los poseedores de vehículos introducidos con anterioridad a la firma de dicho acuerdo.
“Las manifestaciones públicas del presidente López Obrador en favor de regularizar los vehículos que circulan en calidad de contrabando ha exacerbado el problema”, sostuvo.
En noviembre, cuando el presidente López Obrador ventiló la propuesta de regularización, la AMDA externó que esto provocaría una baja en el valor de hasta 20 por ciento en los vehículos nacionales del mismo modelo y año, como consecuencia de la sobreoferta que generaría.
El organismo resaltó en ese entonces, que la iniciativa figuraba como un “golpe al comercio formal de automotores”, ya que representa un “premio” para las mafias que se enriquecen con el contrabando de este tipo de vehículos.
AMP