En un decreto emitido por el gobierno federal, se expropiaron tierras pertenecientes a ejidos en el municipio de Bacalar, que en conjunto suman 138 hectáreas para destinarlas a la construcción de obras del tramo 6 del Tren Maya que conectará las localidades de Tulum y Chetumal.
La Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) publicó decreto por el que se expropia por causa de utilidad pública la superficie de 102-90-03 hectáreas, del ejido "El Cafetal", municipio de Bacalar, en Quintana Roo; y la superficie de 36-58-39 hectáreas, del ejido "Pedro Antonio de los Santos", en el mismo municipio, a favor de Fonatur Tren Maya.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el objetivo de la expropiación es destinar los terrenos a la construcción de obras de infraestructura ferroviaria y operación del proyecto Tren Maya.
Por tanto, queda a cargo de Fonatur Tren Maya, pagar, por concepto de indemnización por la superficie que se expropia, la cantidad señalada en el avalúo emitido por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, y en los términos señalados en el decreto.
Según el dictamen valuatorio emitido por el Indaabin, el monto de indemnización a pagar al ejido "El Cafetal, asciende a la suma de 72 millones 31 mil 297.65 pesos.
En el segundo caso, se expropia una superficie de 36 hectáreas perteneciente al ejido "Pedro Antonio de los Santos", también en el municipio de Bacalar. El monto de indemnización a pagar al ejido "Pedro Antonio de los Santos" es de 25 millones 425 mil 810.50 pesos.
La Sedatu recordó que el Tren Maya es el más importante proyecto de infraestructura, desarrollo socioeconómico y turismo del presente sexenio. Tendrá un recorrido de mil 525 kilómetros, pasará por los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo e interconectará las principales ciudades y sitios turísticos de la Península de Yucatán.
Además, el Tren Maya es un proyecto orientado a incrementar la derrama económica del turismo en la Península de Yucatán, crear empleos, impulsar el desarrollo sostenible, proteger el medio ambiente de la zona desalentando actividades como la tala ilegal y el tráfico de especies y propiciar el ordenamiento territorial de la región.
Por tanto, se procurará integrar a la obra y a sus beneficios a los pobladores; se gestionarán los derechos de vía que aún no se tengan mediante acuerdos con los propietarios de los terrenos respectivos; se buscarán acuerdos benéficos en los casos en los que las vías de propiedad federal se encuentren invadidas y se pedirá la aprobación de las comunidades y pueblos originarios mediante consultas
MRA