El gobierno de México intensifica su estrategia contra la piratería y el contrabando con resultados concretos: el aseguramiento de 7.8 millones de productos ilegales, con un valor cercano a mil millones de pesos, como parte de operativos coordinados a nivel nacional.
Durante un encuentro enfocado en propiedad intelectual, Santiago Nieto, director general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), destacó que estos avances responden a una política más amplia que busca fortalecer el desarrollo económico a través del combate a prácticas ilícitas.
“No se puede minimizar la piratería ni el contrabando; generan una afectación económica directa, fortalecen a grupos delictivos y limitan la innovación”, señaló.
¿Por qué combaten la piratería?
El funcionario explicó que estos operativos forman parte de un esfuerzo interinstitucional en el que participan dependencias como la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República.
Esta coordinación ha permitido, además de los decomisos, avanzar en la construcción de una estrategia nacional de protección de la propiedad intelectual, actualmente en proceso dentro de la Consejería Jurídica.
De acuerdo con Nieto, el objetivo no solo es frenar la ilegalidad, sino consolidar un sistema moderno e incluyente que impulse la creatividad, la innovación y la transferencia tecnológica.
“La propiedad intelectual no solo protege ideas o marcas; protege talento, competitividad y oportunidades de desarrollo para millones de personas”, afirmó.
Como parte del diagnóstico, autoridades identificaron al menos 148 mercados en el país con presencia de productos piratas, de los cuales una proporción presenta indicios de participación del crimen organizado.
Este hallazgo refuerza la necesidad de fortalecer la coordinación con gobiernos locales, particularmente en el ámbito municipal, donde recae la regulación de estos espacios.
Finalmente, Nieto subrayó que el combate a estas prácticas también tiene un impacto directo en las finanzas públicas y en la competitividad de las empresas formales.
“Afecta la recaudación fiscal, daña a las empresas legalmente constituidas y limita las posibilidades de emprendimiento”, dijo.
En paralelo, el gobierno trabaja en la elaboración de una estrategia nacional que busca democratizar el acceso a la protección de la propiedad intelectual, incluyendo a emprendedores, comunidades indígenas y sectores tradicionalmente excluidos.
KL