Luis Miguel Cano, abogado de Green Peace, explicó en entrevista a Milenio que con la suspensión provisional otorgada por un juez federal especializado en Competencia Económica, se dicta una suspensión para todos los efectos y consecuencias derivadas del Acuerdo de Cenace y de la Política de Confiabilidad de la Sener.
“Ahí hay una distinción, porque lo que se había dado cuenta de las empresas es la suspensión contra el Acuerdo del Cenace, y esta es la Política de Confiabilidad de la Sener, y dice que entre los efectos de la suspensión está que la CRE y el Cenace, tienen que abstenerse de cumplir las obligaciones generales y particulares derivados de la política, ya no pueden hacer más cosas”.
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Luis Miguel Cano, detalló que esta suspensión provisional dura unos días hasta que se confirme, modifique o se tome una decisión en la audiencia incidental, que está citada para el este jueves 4 de junio.
“La provisional dura unos días y las autoridades cuando son notificadas tienen unas horas para presentar un recurso de queja que puede resolver un tribunal colegiado, que puede confirmar o revocar esa suspensión provisional”, y añadió que de dictarse después de la audiencia incidental la suspensión definitiva, será para todo el juicio así dure 2, 3 o 5 años.
Luis Miguel Cano explicó que esta es la primera acción judicial de una estrategia más amplia, ya que Green Peace tiene conciencia de que cada proyecto en concreto tiene que respetar los derechos humanos de las personas y las comunidades, por lo que también es necesario investigar proyectos que han tenido violaciones.
“Por supuesto no se puede confundir que nuestra pelea es para avalar con un cheque en blanco el tema de los renovables, porque verás notas que ilustran los abusos de proyectos en concreto. Green Peace no se olvida de eso y lo tiene claro”, aseguró.
Añadió que uno de los mandatos constitucionales es que se tiene que fomentar el empleo de fuentes renovables para generar electricidad y el otro es que se tiene que reducir la emisión de contaminantes en la industria eléctrica, “Estas son acciones en las que el gobierno pueda decir ‘voy a preferir asegurar la calidad confiabilidad y seguridad del sistema eléctrico y del otro me olvidó’, no puede, la Constitución es muy clara y tiene que tomar en cuenta esto, es el planteamiento que estamos haciendo”.
lvm