Son seis las iniciativas en materia de prevención al lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo que desde 2018 se han presentado ante el Senado de la República por parte de diferentes grupos parlamentarios y que a decir de la senadora Minerva Hernández Ramos “siguen durmiendo el sueño de los justos”, ya que la Ley Antilavado sigue sin incluir dichas reformas.
“Las aportaciones al trabajo legislativo, al debate legislativo y a las posibles soluciones a este problema social de los flujos ilícitos que se han venido planteando desde el Senado de la República, aunque hoy por hoy siguen durmiendo el sueño de los justos estas iniciativas que están pendientes de aprobación”, indicó Hernández.
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Durante su participación en el sexto Congreso Internacional en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, organizado por Thomson Reuters, destacó que es necesario hacer énfasis en la prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, ya que se trata del ingreso de dinero al sistema financiero que puede venir de negocios ilícitos, que no es fiscalizable, que no suma a la cadena productiva de valor ni suman a los gastos públicos.
Explicó que de 2014 a 2023 se han presentado 5 mil 576 iniciativas en todas las materias, quedan pendientes 618, entre ellas se encuentran las seis que tienen por objeto reformar la Ley Antilavado y la Ley Federal de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Entre los cambios relevantes que contemplan dichas reformas está el dotar de autonomía a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para la recuperación de activos relacionados con el lavado de dinero; atender las asimetrías entre los sujetos obligados, adecuar la ley al estándar de cumplimiento del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y atender el tema de los beneficiarios finales.
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La legisladora por el Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que la falta de certeza jurídica, la impunidad y lo poco rastreables que son las operaciones que se hacen en efectivo y la poca eficacia que se tiene para implementar la normatividad se mantienen como los mayores riesgos para la regulación.
Agregó que recientemente, se dio a conocer que el crimen organizado utiliza las remesas como vía de ingreso de dinero ilegal al país desde Estados Unidos, en específico de los grandes cárteles y que podrían afectar a las instituciones financieras que reciben estos recursos. “Es necesario que la legislación sea dinámica y que la investigación y fiscalización de las operaciones de lavado de dinero reditúen en un combate eficaz”.
De acuerdo con el último informe de evaluación del GAFI señaló que podrían estar ingresando al país, grandes cantidades de dinero producto de lavado desde el extranjero a través de transferencias electrónicas o hasta en efectivo; mientras que la Secretaría de Hacienda advirtió que el uso de efectivo es una práctica que facilita la realización de transacciones financieras ilícitas.
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“El efectivo constituye una vulnerabilidad estructural al imposibilitar el seguimiento de este dinero, sobre todo en dólares y divisas extranjeras, mientras que las operaciones en pesos pueden representar un mayor impacto negativo para el país y aumentar los riesgos de recursos de lavado de dinero”.
Por lo anterior, la senadora confía en que estos temas formen parte de la próxima agenda legislativa para lo que queda de esta legislatura para revisar si estarán entre los temas relevantes.
“Si bien, México ha avanzado en la consolidación del marco regulatorio y jurídico en materia antilavado para reducir el flujo de dinero que viene de las actividades delincuenciales, no es menos cierto que aún quedan factores abiertos que contribuyen a la impunidad en el lavado de dinero y se necesita un combate eficaz”, indicó.
GSMM