La autoridad investigadora del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) anunció el inicio de una investigación por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de contratación pública de servicios de telecomunicaciones fijos.
De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta investigación se inició por denuncia, respecto de la existencia de conductas que pudieran constituir las prácticas monopólicas absolutas.
Se refieren a hechos consistentes en contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas o la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o almonedas, así como intercambiar información con alguno de estos en el mercado de los procedimientos de contratación pública de servicios de telecomunicaciones fijos.
Las empresas que participan en el mercado de telecomunicaciones fijas se encuentran Telmex, Izzi, Megacable, entre otras.
Será la dirección general de prácticas monopólicas y concentraciones Ilícitas, entidad adscrita al IFT, la encargada de llevar a cabo la indagatoria.
El instituto aclaro que, esta investigación no implica un juicio previo sobre la culpabilidad de algún agente económico involucrado. La acción responde a una investigación previa iniciada en agosto de 2023.
La investigación buscará si se infringió de alguna forma el artículo 53, de la Ley Federal de Competencia Económica
El artículo se refiere a contratos, convenios, arreglos o combinaciones entre agentes económicos competidores entre sí, cuyo efecto sea establecer, concertar o coordinar posturas; así como la abstención en las licitaciones, concursos, subastas o también intercambiar información con alguno de estos objetos o efectos, en el mercado de los procedimientos de contratación pública de servicios de telecomunicaciones fijos.
De encontrarse elementos suficientes, las prácticas monopólicas absolutas serán nulas de pleno derecho, y en consecuencia, no producirán efecto jurídico alguno y los agentes económicos que incurran en ellas se harán acreedores a diversas sanciones e incluso procedimientos penales.
El periodo de investigación tendrá una duración mínima de treinta días hábiles y no excederá los ciento veinte días hábiles.
Sin embargo, se ha dejado abierta la posibilidad de una ampliación, en caso de que existan causas justificadas, con la posibilidad de extenderse por hasta cuatro periodos adicionales.
También se comentó que a partir del 16 de noviembre de 2023, todas las gestiones relacionadas con la investigación deberán realizarse a través del sistema electrónico para sustanciar investigaciones, procedimientos y trámites del IFT.
LG