Tras aprobar en lo particular y en lo general las reformas al Poder Judicial, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) expresó su preocupación por las consecuencias económicas y financieras que traerán este hecho.
A través de un comunicado, el organismo empresarial advirtió además que disminuirá la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las mismas.
"La reforma al Poder Judicial –que incluye, entre otros temas, reducir el número de ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y la elección de los jueces por voto popular– disminuiría la confianza y seguridad jurídica de los inversionistas debido, entre otros factores, a la incertidumbre en el proceso de designación de los jueces, así como a la posible politización en las designaciones, lo que abriría la puerta para que los jueces pudieran enfrentar presiones externas que puedan comprometer su independencia e imparcialidad", indicaron.
Reforma debe garantizar imparcialidad
Dado lo anterior, pidieron que la reforma garantice un Poder Judicial con todas las garantías de imparcialidad e independencia, por medio de un proceso de nombramientos adecuado, libre de presiones externas donde los perfiles profesionales más competentes prevalezcan con estabilidad en su encargo.
Un sistema de justicia capaz de resolver conflictos, que sancione a quienes cometan delitos y garantice protección a la persona frente al Estado.
Lucha contra la impunidad debe ser prioridad
Un sistema que atienda las causas de la baja efectividad de la justicia y la lucha contra la impunidad, considerando a todas las instituciones que integran el sistema de justicia y no solo a los poderes judiciales.
EL DATO¿Qué dice la reforma propuesta por AMLO?
El proyecto establece la elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular, la reducción de la Suprema Corte de 11 a 9 integrantes, así como la desaparición del Consejo de la Judicatura para sustituirlo con un órgano administrativo y un Tribunal de Disciplina Judicial.
Así como certeza para los inversionistas de que existe un mecanismo judicial para ampararse frente a actos de autoridad o para litigar controversias, concesiones denegadas o permisos rechazados que vulneren sus derechos.
Finanzas presentaría déficit al finalizar 2024
Por último, añadieron que se debe tener presente que al cierre de 2024 las finanzas públicas presentarán un déficit de aproximadamente 5.9%, que traerá como consecuencia un margen de maniobra limitado en el presupuesto de 2025 y en los siguientes años; por lo tanto, instaron recurrir a la inversión privada como motor principal para el crecimiento económico.
"Por lo anterior, el IMEF insta al Congreso de la Unión a reconsiderar los temas expuestos en el planteamiento de la Reforma Judicial y mantener la autonomía e independencia de los órganos autónomos para garantizar la seguridad jurídica y la confianza en las instituciones para fomentar la inversión y el crecimiento económico", concluyeron.
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