Es imposible averiguar el origen de recursos ilícitos en esquemas de lavado de dinero, admitió Alberto Bazbaz, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en una conferencia sobre el tema, pero aseguró que es posible castigar el blanqueo de capital con la legislación actual.
"El 99 por ciento de las situaciones imposible. Tratar de determinar de la actividad de donde proviene un recurso para poder realizar un proceso, una acusación o una sentencia por delito de lavado de dinero es materialmente imposible y la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo afirma", señaló en una conferencia organizada sobre el tema.
Por lo tanto, la resolución judicial ha determinado que no se necesita saber el origen ilícito de recursos para castigar el delito. Bazbaz advirtió que existen esquemas en los cuales cierto capital puede verse involucrado con el narcotráfico aún y cuando la actividad que se realice sea diferente a ese delito.
Indicó que existen corredores que operan estos recursos provenientes del contrabando en el mismo esquema que un contrabandista, una empresa que no desea facturar sus ventas y un narcotraficante.
“Y lo que no se dan cuenta es que todos están metiendo todo el dinero ilícito a la misma bolsa. Entonces el contrabandista está teniendo relaciones financieras con el narcotraficante, así como el defraudador fiscal”, indicó.
“De repente en una investigación un empresario que realizó una actividad de contrabando, está relacionado en una investigación por narcotráfico, porque su dinero se encuentra en el mismo lugar”, agregó.
Los empresarios que utilizan este esquema no se dan cuenta que están participando en esquemas donde puede participar todo tipo de ilícitos, incluso secuestradores, señaló Bazbaz.
El funcionario aseguró que las facultades que posee actualmente la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP), que derivaron de la reforma financiera que se implementó en 2013 para perseguir el lavado de dinero, permitió aumentar el monto de capital asegurado por el gobierno federal.
“La facultad de bloquear (recursos) en el sistema financiero es nueva. En este esfuerzo, aproximadamente, entre 2005 a 2012, la Procuraduría General de la República (PGR) había asegurado en el sistema financiero alrededor de mil 500 millones de pesos en todo ese periodo”, Bazbaz.
“Mientras que solamente entre el año de 2013 y 2014, la procuraduría con este esfuerzo y trabajo en conjunto aseguró alrededor de 2 mil millones de pesos”, agregó.
El funcionario explicó que la UIF recibe más de 20 millones de unidades de información y utiliza sistemas de análisis tecnológicos que permiten con alertas encontrar ilícitos, lo que ha permitido a las autoridades perseguir los delitos antes que el caso prescriba por ley.
La UIF determina un bloqueo de cuenta cuando hay indicios suficientes para iniciar una averiguación por lavado de dinero y lo denuncia ante la PGR.
“El criterio es tener claros indicios de lavado de dinero con recursos de procedencia ilícita, que puede ser tanto en materia de movimientos de dinero o en el tema de legitimación del dinero”, indicó Bazbaz.
Aclaró que en estos casos de lavado de dinero, ni el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la banca o la Comisión Bancaria Nacional y de Valores (CNBV) no tienen las facultades para realizar un bloqueo de recursos.