El impuesto de 2 por ciento que pretende implementar el gobierno de la Ciudad de México a plataformas de entrega de productos por el uso de la infraestructura urbana representará un freno para el desarrollo del comercio electrónico y la reactivación económica en la capital del país, señaló Carlos Quintero, coordinador de Impuestos Digitales de la Asociación de Internet MX (AIMX).
En entrevista con MILENIO, el representante señaló que la propuesta, que viene en el paquete fiscal 2022 de la entidad, deja un precedente negativo para el futuro y que para los jugadores de la industria no queda clara cuál es la afectación particular que tiene el comercio digital en el uso de la calle.
“Lastima a comercios, restaurantes, consumidores y a repartidores, más que a nadie. Estamos en un momento en el que vamos saliendo de la parte más dura del confinamiento de la pandemia, le estamos poniendo un freno a la reactivación económica”, aseguró.
Aseguró que dependiendo de la implementación del gravamen, este porcentaje podría convertirse en un 6 por ciento, en una lectura en la que paguen comercios, aplicaciones y repartidores.
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“Hay muchos pedidos que ya no se van a poder realizar, que estaban en el margen de la rentabilidad y que suponen promociones, cupones y otro tipo de beneficios a los consumidores. Las empresas van a tener que hacer una reestructura de costos. La pregunta será cuáles pedidos dejan de ser rentables, como hay menos pedidos que tienen beneficios, a los consumidores les va a salir más caro”, indicó.
Indicó que muchos de estos pedidos con menos rentabilidad se encuentran dentro de los comercios más pequeños, lo que impactará a sus operaciones dentro del canal digital. Hoy, se estima que seis de cada 10 pequeñas y medianas empresas (pymes) venden por internet.
“Los pedidos que son menos rentables muchas veces son de los comercios más chicos y eso es trágico. De entrada pierden los usuarios y consumidores finales, pierden los comercios porque van a tener menos ventas y muchos de los más chicos tal vez pierdan un porcentaje importante de ventas. Y para los repartidores, si no hay entregas, no hay ingreso. Nos preocupa que va a tener efectos muy amplios, que afectará a grupos muy diversos y no estamos midiendo las consecuencias”, sostuvo.
Statista estima que este año las aplicaciones de delivery facturarán cerca de 2 mil 100 millones de dólares y se espera que este crecimiento continúe hasta llegar a los 34.4 millones de usuarios de dichas plataformas hacia 2022, es decir, 134 por ciento más que en 2017.
Según Carlos Quintero, una de las mayores preocupaciones del ecosistema es la sanidad de algunos jugadores del mercado mexicano por propuestas como la que tiene el gobierno capitalino.
“Es algo que podría pasar. De hecho es una preocupación muy grande que tenemos; hay que recordar que las plataformas son inversiones de alguien y la mayor parte de ellas operan con pérdidas hoy. Son negocios incipientes que han invertido mucho de lo que se han podido llevar. Es algo que va a lastimar a la competencia económica. La gran mayoría ha nacido y crecido aquí. Es también el lugar donde se están produciendo la mayor cantidad de emprendedores”, indicó.
Destacó que mientras el año pasado la economía mexicana tuvo una contracción de 8.2 por ciento, los servicios de mensajería y paquetería tuvieron un repunte de 21.4 por ciento y que el canal ayudó a sostener en gran medida la economía del país.
“Tenemos el potencial en México para ser un impulsor de innovación y medidas cómo esta atentan contra la economía digital y sobre todo a la posibilidad de tener nuevos emprendedores que crezcan y se desarrollen. Si se van a ejercer acciones legales es una decisión de cada empresa, cada una tiene que hacer sus propias ponderaciones y les tocará tomar su decisión. Pero el análisis que han hecho es que es un impuesto inconstitucional, ilegal, discriminatorio”, declaró el especialista.
Indicó que uno de los papeles de dichas compañías es el de formalizar la actividad de entrega mediante un mecanismo de retención de impuestos que resulte confiable y que un mecanismo como el que se pretende implementar hará que actividades como la informalidad tengan un nuevo repunte.
“Los legisladores pueden recapacitar y darse cuenta de que esto es algo que simplemente le va a costar a todo el mundo, incluso a la propia recaudación. Si hace chico el mercado, eso afecta a las ventas, los comercios, pero también a la autoridad recaudatoria”, concluyó.
AMP