La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) aseguró que es “excesiva e Ilegal” la propuesta del grupo parlamentario de Morena que busca que los arrendadores de una vivienda no puedan retirar los servicios de agua, alcantarillado, luz, gas y electricidad a sus inquilinos, si estos no pagan la renta a tiempo en Ciudad de México.
Los inmobiliarios conforman AMPI Ciudad de México argumentaron que el impacto económico de la pandemia covid-19 ha generado inestabilidad de ingresos y atrasos en el pago de los alquileres de viviendas, comercio y oficinas, pero en ningún momento han representado amenaza alguna de desalojo forzoso, ya que, en su gran mayoría, los arrendatarios han contado con las facilidades necesarias para hacer frente a la situación económica.
“Por ello, las medidas inmediatas que se pretenden tomar para garantizar, entre otros, el derecho a la vivienda son excesivas e ilegales, y atentan contra el patrimonio de los arrendadores que estarían obligados a mantener los servicios de los arrendatarios pese a que éstos no los paguen y tampoco paguen la renta”.
En ese sentido, el organismo que es representado por Salvador Sacal indicó que el arrendador no sólo no tendría el ingreso económico de la renta, sino un quebranto económico por tener que asumir “injustamente deudas de terceros”.
La semana pasada el diputado local de Morena, Ricardo Janecarlo Lozano Reynoso, presentó una iniciativa con proyecto de decreto para que los arrendadores de una vivienda no puedan retirar los servicios de agua, alcantarillado, luz, gas y electricidad a sus inquilinos, si estos no pagan la renta a tiempo en la Ciudad de México, además de evitar “el desalojo forzoso e injusto”.
“Dicha modificación al Código Civil en los Artículos relativos al Arrendamiento, violentan los Derechos Humanos plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en la Constitución Política de la Ciudad de México en contra de (los) Arrendador(es) y además desincentiva la inversión privada en la vivienda en renta, al pretender obligar al arrendador a cubrir los servicios que suministra un tercero y que el arrendatario está obligado a contratar por su cuenta y riesgo”, señaló la AMPI en un comunicado.
AMP