El gobierno de México podría enfrentar una serie de demandas de empresas extranjeras que participan en el mercado eléctrico, quienes acudirían a tribunales internacionales, bajo la figura de arbitraje internacional, a fin de proteger sus inversiones y reclamar indemnización del daño.
La Federación maneja el discurso que buscaría cancelar los contratos de autoabastecimiento con energía solar, se dice que esto puede ser anunciado en febrero.
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Lo anterior ha prendido las alertas en empresas extranjeras y nacionales que poseen contratos de cogeneración o autoabasto de energía renovable, al grado que se reportan movimientos de éstas en los diferentes despachos especializados en arbitraje internacional con sede en Monterrey y la Ciudad de México, e incluso situados en el extranjero.
Especialistas instan al gobierno federal a no realizar ningún cambio a las reglas de operación en el mercado eléctrico, a fin de evitar una posible oleada de demandas bajo la figura de “arbitraje internacional” de empresas extranjeras.
Damián Vallejo, miembro de la firma legal Dunning Rivman & Davies LLP, recomendó que el gobierno antes de realizar modificaciones deberá cuantificar el impacto económico de esa decisión.
Jorge Arrambide, del despacho de abogados Santos-Elizondo, conminó al gobierno federal a evitar realizar modificaciones en el mercado eléctrico, bajo la visión que ahora tiene de fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dado el daño que ocasionaría al estado de derecho e imagen del país.
“Abonaría a la incertidumbre que ya prevalece en el ambiente de negocios, y que tiene detenida la inversión en el sector eléctrico del país", indicó.
Dijo que sería inédito en el sector eléctrico y perjudicaría enormemente a México.
Podrían ser docenas de empresas que son titulares de permisos para cogenerar energía o auto abasto, compañías que tienen derechos de proteger sus inversiones.
Damián Vallejo señaló que México tiene acuerdos internacionales con varios países y éstos serían una herramienta jurídica para que las empresas extranjeras se acojan a los mismos ante instancias internacionales.
“Toda empresa extranjera está protegida por un tratado comercial bilateral o multilateral que haya suscrito con México, lo que lo convierte en una herramienta legal”, dijo.
Comentó que un arbitraje internacional puede costar hasta 8 millones de dólares, dependiendo del daño y contenido legal, estos costos podría ser absorbidos por la parte perdedora si así lo determina el tribunal internacional.
Consideró como muy factible que algunas empresas extranjeras opten por irse al arbitraje, si así se llega a dar el escenario de cambio de reglas en febrero próximo y afecte el retorno de inversión y proyectos de energía renovable.