Las leyes secundarias en materia energética enfrentan su mayor desafío para el 2025, las cuales deberán dar certeza para garantizar el abasto de energía eléctrica, sobre todo porque se espera que siga arribando al país IED producto del nearshoring.
El Clúster Energético de Nuevo León y especialistas del despacho Santamarina y Steta y Epscon coinciden en que confían en la ley secundaria que está pendiente así como el anuncio del plan de energía de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a fin de que encuentren algún esquema que permita la participación del sector privado.
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“Un aspecto positivo es el plan de la presidenta Claudia Sheinbaum de impulsar la transición energética hacia energías limpias y renovables. Consideramos fundamental que se fomente una mayor colaboración entre el sector público y privado. Confiamos en un nuevo marco regulatorio que incentive la inversión en proyectos energéticos sostenibles, atrayendo tanto a inversores nacionales como internacionales”, opinó César Cadena, presidente del Clúster Energético de Nuevo León.
Los legisladores tendrán que encontrar fórmulas de participación del sector privado que brinden certidumbre jurídica y entusiasmo, al fin de concertar una labor titánica que solo se podrá alcanzar en equipo, apuntó Juan Carlos Machorro, experto en energía y líder de la práctica transaccional de Santamarina y Steta.
Explicó la importante presión de tiempo que tienen los poderes legislativo y Ejecutivo para cumplir con las reformas constitucionales en materia energética.
“No está nada fácil lograr las adecuaciones a leyes secundarias en materia energética en un plazo de 180 días naturales, como lo indica el artículo transitorio segundo de la reforma. Sobre todo si recordamos que la reforma energética anterior, aprobada a finales de 2013, tomó más de 3 años y medio para construir el marco robusto legal, regulatorio, administrativo y la elaboración de bases, lineamientos y contratos a utilizarse. Así que veremos”, expresó el experto del despacho.
Subrayó que, en temas de energía, específicamente en los temas de electricidad, resaltan las necesidades de demanda del país, de infraestructura de transmisión y distribución y sobre todo, por temas de presupuesto.
“Simplemente, las empresas públicas no pueden solas. Así que se puede esperar que, cuando menos, la legislación secundaria haga su parte y otorgue certeza. Un espacio de certidumbre al sector privado para ver efectivamente cómo y en qué proyectos y subsectores podrá participar”, indicó.
Insistió en que la disyuntiva que tienen los legisladores es la de hacer una legislación detallada que brindaría gran certeza, con menor grado de discrecionalidad para el gobierno; o bien, un andamiaje regulatorio más general, que bien podría ser flexible, pero con gran discrecionalidad para la acción de gobierno.
“Eso es parte del costo de querer legislar a marchas forzadas en un tema tan complejo. Habrá que ver la reacción de los inversionistas privados. Si se gesta un apetito sano del sector privado para participar en estos espacios”, enfatizó.
Por su parte, Roberto Mercado Baidón, socio y director comercial de EPSCON, consideró que el plan de energía presentado por el gobierno federal el pasado noviembre ofreció algo de certidumbre, sin embargo, aún quedan dudas sobre cómo se estará llevando a cabo este plan.
Destacó que al volver a unificar a la CFE y hacerla nuevamente una empresa pública del Estado, se ve complicado que se pueda competir en igualdad de condiciones.
Mencionó que al hablar de inversión que se realizará durante este sexenio en generación, transmisión y distribución, estas inversiones no serán suficientes, por lo que será necesaria la inversión privada en estas áreas.
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