El juez de la Audiencia Nacional española José Luis Calama solicitó juzgar a la antigua cúpula del Banco Popular, así como a la auditora PwC (Price Waterhouse Coopers) por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 y eximió, entre otros, al empresario mexicano Antonio de Valle, que era uno de los principales accionistas de la entidad.
El primero en la lista del magistrado es el ex presidente de Banco Popular -vendido al Santander por la cantidad simbólica de un euro- Ángel Ron, así como a otros 12 directivos y a la auditora PwC por delitos de estafa a inversores y falsedad contable en la ampliación de capital de 2016 a la que los inversores acudieron “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.
En lo que respecta al último presidente del banco, Emilio Saracho, se acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones contra él, así como contra otros 20 investigados, entre ellos Antonio del Valle y la ex consejera independiente Reyes Calderón.
Otros de los salvados en el auto de Calama son el ex CEO, Ignacio Sánchez-Asiaín, Pedro Larena, así como los representantes en el consejo de Crédit Mutuel y Allianz.
Según recoge el magistrado, los inversores acudieron a la citada ampliación “engañados”, puesto que los estados financieros de ese año y de 2015 “no reflejaban la imagen fiel del balance ni del patrimonio”.
Asimismo, señala que “dichas cuentas ocultaban un importante déficit de provisiones”. El auto hace hincapié en que los responsables de Banco Popular en 2016 “alteraron conscientemente su balance y su cuenta de resultados, ofreciendo al mercado una información falsa que, sin duda, distorsionaba la toma de decisiones de inversión”.
Recoge que en las cuentas de 2015 y 2016, registradas en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular hacía “constar reiteradamente que aplicaba la Circular 4/2004 del Banco de España. Los inversores, por tanto, tenían la certeza, a través de esos informes, de que la política contable del BP era respetuosa con dicha Circular. Pero no era así”.
El juez Calama dictó un auto de pase a procedimiento abreviado, cuya notificación ha agotado el plazo que el propio juez se dio para dictar esta importante resolución que deja a un paso del banquillo a los investigados ahora procesados.
Las investigaciones terminaron a finales del 2023 y, desde entonces, los investigados esperaron para conocer su futuro procesal. Debido a la incertidumbre generada por el tiempo que ha transcurrido entre el fin de la instrucción y el dictado de este auto, Calama comunicó a las partes, a mediados de enero, que daría a conocer su resolución en febrero, aunque finalmente se retrasó unos días.
La Audiencia Nacional abrió una causa penal en octubre de 2017, cuatro meses después de que la Junta Única de Resolución (JUR) aplicara, por primera vez, su mecanismo de intervención y permitiera al Banco Santander adquirir el Banco Popular por un euro.
En junio de 2017, el Banco Central Europeo declaró inviable el Banco Popular al considerar que su situación se había vuelto insostenible debido a la falta de liquidez por la fuga de depósitos que había sufrido ante la incertidumbre sobre su viabilidad. Fue entonces cuando la autoridad de resolución competente, la JUR, decidió resolver el banco y a través de un proceso de subasta, pasó a manos de Santander por la simbólica cantidad de un euro.
Fue la primera vez que la Unión Europea (UE) intervenía un banco. También fue la primera ocasión en la que las autoridades europeas decretaban que los accionistas y bonistas fueran los que rescataran al banco, lo que provocó una avalancha de reclamaciones por parte de los inversores y tenedores de deuda para tratar de recuperar parte de su inversión.
La familia mexicana Del Valle era uno de los principales accionistas del Popular, ya que controlaba 4 por ciento del capital. Al considerar que se había visto perjudicada por el proceso al perder su inversión en el banco, interpuso un arbitraje por el que reclamaba 700 millones de euros, alegando que España había incumplido sus obligaciones internacionales por las actuaciones llevadas a cabo en el proceso de resolución.
Posteriormente, el gobierno de España, a través del Ministerio de Asuntos Económicos, dio a conocer que “en el procedimiento arbitral iniciado frente al Reino de España al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de España, España ha obtenido un laudo favorable”.
De esta manera, La Corte Permanente de Arbitraje de la La Haya desestimó todas las pretensiones de la familia del Valle y acogió los argumentos defendidos por España.
“Los tres árbitros han acogido de forma unánime los argumentos del Reino de España al validar la actuación de todas las instituciones vinculadas al proceso de subasta de Popular y su adquisición por Santander: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Banco de España, Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria y Ministerio de Economía”, señaló el comunicado de dicho ministerio.
MRA