Un juzgado federal concedió una suspensión definitiva que frena temporalmente la emisión de la autorización de impacto ambiental para el proyecto de exportación de gas licuado Amigo GNL, ubicado en Guaymas, Sonora.
La medida ordena a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) abstenerse de otorgar dicho permiso hasta que se resuelva el fondo del juicio de amparo promovido por las organizaciones Nuestro Futuro A.C. y Artículo 19.
El recurso legal fue interpuesto debido a la presunta falta de acceso a información ambiental completa y accesible, así como por irregularidades detectadas en el proceso de consulta pública del proyecto.
Con esta decisión, el poder judicial reconoce elementos suficientes para congelar el trámite mientras se analizan las violaciones reclamadas a los derechos de acceso reconocidos en la Constitución mexicana y el Acuerdo de Escazú.
¿De qué trata el proyecto Amigo GNL?
El proyecto Amigo GNL incluye la construcción de infraestructura terrestre y marítima para exportar más de 5.1 millones de toneladas de gas natural licuado al año hacia los mercados asiáticos.
De acuerdo con las organizaciones demandantes, la operación implicaría una actividad industrial intensiva en el Golfo de California que incluye la circulación constante de buques metaneros, dragados, ruido submarino y emisiones contaminantes, lo que comprometería de forma irreversible una región de alta relevancia ecosistémica.
Durante la consulta pública convocada por la ASEA en marzo pasado, se recibieron más de 4 mil 800 observaciones y comentarios técnicos de ciudadanos que solicitaron la no autorización del proyecto.
En dichas participaciones se señalaron deficiencias sustantivas en la Manifestación de Impacto Ambiental, así como la omisión de impactos acumulativos y riesgos para especies marinas, particularmente cetáceos que utilizan la zona como corredor migratorio y área de reproducción.
La suspensión definitiva se da en un contexto donde el gobierno del estado de Sonora y diversas dependencias del sector energético han respaldado públicamente el desarrollo de esta infraestructura, catalogándola como una inversión estratégica para la región, a pesar de que aún no cuenta con los permisos ambientales completos.
Las organizaciones civiles señalaron que, con este freno judicial, las autoridades locales y federales deberán detener el apoyo público al proyecto y respetar los límites establecidos por la legalidad.
La medida cautelar dictada por el juzgado federal permanecerá vigente durante todo el desarrollo del juicio, hasta que se emita una sentencia final que determine si las autoridades garantizaron adecuadamente el derecho a la información y la participación ciudadana.
KL