La propuesta del futuro gobierno para mover los contratos de edificación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) a la base militar de Santa Lucía es imposible, según la Ley de Obra Pública, específicamente el artículo 46, donde se establece que los trabajos firmados en los convenios son para un terreno en específico y no permite modificaciones, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Eduardo Ramírez.
En entrevista con MILENIO, el directivo explicó que en los convenios que firmaron las empresas con el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y en la legislación actual se especifican cantidades de la obra, precios y tiempos de ejecución en un terreno establecido, por lo que “no es posible hacer exactamente lo mismo en otro sitio”.
“La ley es muy clara, ahí queda claro dónde lo estás ejecutando y cuáles son las condiciones de tiempo, costo y calidad”, indicó Ramírez.
El gobierno electo ha señalado que una de sus propuestas para construir una terminal en Santa Lucía es transferir los contratos del NAIM a esa nueva zona y así las constructoras inicien con los trabajos.
Las constructoras del NAIM “tienen un contrato en una dirección exacta. Ahí se habla de cantidades de obra, precios, tiempos de ejecución y entonces no es posible hacer exactamente el mismo trabajo en otro lugar, es un tema legal”, enfatizó el presidente de la CMIC.
Ante esto, Ramírez mencionó que deberá prevalecer el estado de derecho para terminar contratos con las constructoras, finiquitarlas, pagar por los trabajos ejecutados y cuestiones no recuperables como son instalaciones que pusieron en los terrenos del NAIM y compromisos con trabajadores; “no es tema menor”.