La nueva Ley de Inversión, aprobada recientemente por el Congreso, busca detonar proyectos estratégicos de infraestructura en un contexto marcado por el auge del nearshoring en México y la necesidad de fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, también eleva los riesgos que podrían debilitar la disciplina fiscal y reducir la transparencia en el uso de los recursos públicos.
De acuerdo con la firma financiera Banamex, la iniciativa, denominada Ley para el Fomento de la Inversión en Infraestructura Estratégica para el Desarrollo con Bienestar, redefine el papel del Estado en la promoción de proyectos al permitir una mayor flexibilidad en el uso del presupuesto y la incorporación de esquemas de inversión mixta. Este rediseño responde a uno de los principales cuellos de botella identificados por el Ejecutivo: la rigidez fiscal.
Sin embargo, Banamex advirtió que la flexibilización de reglas presupuestarias, junto con mecanismos extrapresupuestarios, podría derivar en la acumulación de pasivos contingentes —obligaciones que no se registran como deuda inmediata, pero que podrían convertirse en pagos futuros— y una menor transparencia en el ejercicio del gasto.
Si bien indicó que el objetivo de esta nueva legislación busca agilizar la inversión y corregir el rezago en infraestructura, los cambios al marco jurídico no están exentos de riesgos. Por un lado, flexibilizar los esquemas de inversión público-privada podría generar incertidumbre sobre el manejo de las finanzas públicas al relajar algunos indicadores clave y dar mayor margen al gobierno para decidir cómo clasificar el gasto. Por el otro, el uso creciente de esquemas de financiamiento fuera de balance elevaría la opacidad en la medición del esfuerzo fiscal.
Estos factores se vuelven más relevantes en un entorno de debilitamiento estructural de las finanzas públicas, donde los ingresos tributarios crecen de forma limitada y no compensan presiones persistentes como pensiones, costo financiero de la deuda y apoyos a empresas públicas. En este contexto, la deuda pública mantiene una trayectoria ascendente, al pasar de 43.6 por ciento del PIB en 2018 a 53.2 por ciento en 2025, lo que podría comprometer la sostenibilidad fiscal y la calificación crediticia del país.
Falta de confianza frena la inversión privada en México
El banco advirtió que, más allá del rediseño legal, el principal obstáculo para detonar la inversión en México sigue siendo la confianza. De acuerdo con el grupo financiero, aunque la iniciativa brindará certeza regulatoria, no atiende obstáculos más profundos como:
- La pérdida de confianza del sector privado derivada del deterioro de la calidad institucional.
- El Estado de derecho.
- El debilitamiento del sistema de contrapesos.
“Si bien la ley puede reducir fricciones administrativas para proyectos priorizados por el gobierno, no sustituye las condiciones generales de confianza que son un determinante fundamental de la inversión privada”, concluyó.
En este panorama, la inversión fija bruta —gasto en maquinaria, equipo e infraestructura— muestra señales de debilidad. Según datos del Inegi, en marzo registró una caída anual de 2.2 por ciento, acumulando 17 meses consecutivos a la baja. Este indicador es vital, pues refleja la modernización de la capacidad productiva del país.