Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) denunció una compleja operación de compañías para clonar pedimentos legales de importación, y de esa forma, introducir volúmenes mayores a los autorizados, además de eludir el pago de impuestos al reportar una fracción arancelaria distinta al producto que importaban, conocido como 'huachicol fiscal'.
Entre junio y octubre de 2024, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) incluyó en su listado de empresas fantasma a nueve comercializadoras de combustible que, junto con compañías vinculadas y operadores, obtuvieron permisos gubernamentales para importar mil 240 millones de litros de combustible, valuados en más de 20 mil millones de pesos.
La organización dijo que el SAT determinó que los contribuyentes señalados carecían de activos y personal, además de no tener capacidad material para realizar la comercialización de combustibles, por lo que fueron catalogadas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS).
Añadió que documentos oficiales de la Secretaría de Energía (Sener) constatan que algunas de las empresas señaladas por el SAT obtuvieron en los últimos meses del gobierno de Enrique Peña Nieto permisos para importar grandes volúmenes de diésel.
Luego, en el primer año del sexenio de López Obrador, esas importadoras recibieron autorización para comercializar los combustibles en territorio nacional.
Según denuncias de gasolineros, los pedimentos legales de importación con frecuencia eran clonados, alterados o copiados para simular la legal procedencia del combustible e introducir grandes volúmenes de contrabando.
De acuerdo con las acusaciones, cada comercializadora 'fantasma' tenía autorizado un volumen determinado de importación, y para excederlo recurrían a clonar o alterar los documentos, en los cuales reportaban fracciones arancelarias distintas al producto que introducían, para de esa forma evadir el pago de impuestos.
Así podían vender el diésel más barato en expendios en México que se prestaban a esta práctica ilegal, la cual fue identificada por las autoridades como “huachicol fiscal”.
Mexicanos contra la Corrupción señaló que entre los importadores que el SAT señala de simular operaciones está Karina Melissa Guerrero Rodríguez, quien fue acusada de ser parte de una red de contrabando de combustible en la que presuntamente participaron empresarios gasolineros y autoridades federales y estatales de Tamaulipas.
En mayo de 2019, Guerrero Rodríguez obtuvo permiso de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para la comercialización de petrolíferos y al año siguiente facturó importes superiores a los 2 mil millones de pesos por unos 115 millones de litros vendidos a más de 200 empresas distribuidoras y estaciones de servicio.
A los seis meses de que esta persona obtuvo el permiso de la CRE, fue involucrada en operaciones de contrabando. Eso consta en un expediente oficial en el que se relata una supervisión realizada en noviembre de 2019 en la carretera libre Monterrey-Reynosa a una pipa que trasladaba 37 mil litros de diésel introducidos ilegalmente al país.
En los documentos revisados por los agentes se encontraron pedimentos de importación alterados y facturas emitidas a nombre de Karina Melissa Guerrero Rodríguez, vecina del municipio de Río Bravo, colindante con Reynosa.
El pasado 17 de septiembre de 2024, el SAT publicó en el Diario Oficial de la Federación el nombre de Karina Melissa en el listado definitivo de contribuyentes que simulan operaciones con fines de evasión fiscal o lavado de dinero.
Tres meses antes, el SAT incluyó en esa lista a Julia Mendoza Cruz por emitir facturas por concepto de venta de gasolina y diésel, sin tener activos, personal ni capacidad material. Esta persona también ha sido involucrada en el contrabando de combustible.
Entre junio de 2017 y junio de 2018, Mendoza Cruz había recibido cuatro permisos de la Sener para importar 220 millones de litros de diésel y 50 millones de litros de gasolina.
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