La Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y el Control Risks, empresa de consultoría especializada en riesgos globales, presentaron el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) 2022, donde se reveló que gracias a los diferentes “ataques” a órganos autónomos y los esfuerzos percibidos del Ejecutivo para interferir en asuntos legislativos y judiciales, hicieron que México cayera un lugar en el ranking.
En la cuarta edición del Índice CCC 2022, demostró que la lucha contra la corrupción presenta un panorama mixto en América Latina durante el último año, donde algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros como México y Brasil, vieron nuevos contratiempos en instituciones clave, y en el ambiente anticorrupción en general.
Expuso que Guatemala experimentó el mayor descenso en el índice, mientras que Uruguay, Argentina, Brasil y México, registraron retroceso, y que con excepción de Uruguay, las puntuaciones de estos países han disminuido cada año desde que se publicó el índice por primera vez en 2019.
“México cayó del puesto número 11 al 12 en el índice, y su puntuación global continuó con una trayectoria descendente, cayendo casi 5 por ciento en 2022, y13 por ciento desde 2019. El país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la democracia e instituciones políticas”, aseveró el documento.
En esa categoría AS/COA, resaltó que México tuvo una “fuerte caída” en la variable que evalúa los procesos legislativos y de gobierno, lo cual indicó que “refleja los esfuerzos percibidos por parte del poder ejecutivo para interferir en los asuntos legislativos y judiciales”.
“Cada vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha criticado al Poder Judicial y a las instituciones públicas independientes como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)”, explicó.
La AS/COA sostuvo que México se encuentra por debajo de la media regional en la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, los cuales, según algunos observadores, “han sido utilizados para obtener beneficios personales o cuentan con nombramientos basados en motivos políticos”.
En ese sentido, indicó que el número de contratos estatales adjudicados directamente va en aumento, y que las fuerzas armadas—que no están sujetas al mismo escrutinio y normas de transparencia que los organismos civiles—participan cada vez más en importantes proyectos de infraestructura.
“En el último año, AMLO escaló sus críticas hacia las organizaciones de la sociedad civil y hacia la prensa en medio de revelaciones de supuestos conflictos de interés y corrupción que involucran a sus familiares y aliados, lo cual ellos niegan. México registró un retroceso en la puntuación que mide la movilización de la sociedad civil contra la corrupción, pero se mantuvo por encima de la media regional”, resaltó.
Lanzado por primera vez en 2019, la cuarta edición del Índice CCC cubre 15 países de América Latina, que juntos representan casi el 92 por ciento del PIB de la región. En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción.
Los países con un puntaje más alto se consideran más propensos a ver actores corruptos procesados y castigados.
Uruguay es el país con el puntaje más alto. Éste es el Top 15 del
- del Índice CCC 2022:
- Uruguay, 7.42 sobre 10
- Costa Rica, 7.11
- Chile, 6.88
- Perú 5.66
- República Dominicana, 5.19
- Argentina, 5.04
- Panamá, 4.96
- Colombia, 4.87
- Ecuador, 4.82
- Brasil, 4.76
- Paraguay, 4.45
- México, 4.05
- Guatemala, 3.38
- Bolivia, 2.57
- Venezuela 1.63
El Índice CCC analiza 14 variables claves, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco. El Índice se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, la academia, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
MRA