El gobierno de México rechazó el triunfo de la empresa estadunidense, Odyssey Marine Exploration, ligada a Alonso Ancira, por el tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).
A través de un comunicado se detalló que las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), buscarán anular el fallo ante las Cortes competentes.
“Después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el pasado 17 de septiembre finalmente la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration”, explicó el documento.
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Este fallo obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para el proyecto de dragado marino en Baja California Sur.
“Esta cifra representa alrededor del 1.18 por ciento, del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje”, explicó.
Anteriormente, la Semarnat negó entre 2016 y 2017 la manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego.
Lo anterior ocasionó que la empresa Odyssey iniciará un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
La dependencia federal explicó que la obra programada en el Golfo de Ulloa, en Baja California Sur, consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas, que tenía como objetivo extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte.
“En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas azules y grises, y lobos marinos, entre otros”, señaló.
Por lo tanto, se expuso que las técnicas de dragado marino que la compañía estadunidense quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
Ante está situación, las dependencias federales consideran que el tribunal dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos ex titulares de la dirección general de impacto y riesgo ambiental de la Semarnat, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
Mientras que la defensa de México demostró que ambos testigos incidieron en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar.
“El gobierno de México reitera que no permitirá que se sigan priorizando proyectos que favorezcan a grupos minoritarios en detrimento de nuestros recursos naturales y defenderá en todo momento su soberanía por el bien de todas y todos los mexicanos”, aseveró.
En este sentido, las dependencias, aseguraron que el laudo se publicará en próximas fechas en la página del CIADI.
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