En la encomienda de combatir la corrupción y actos de discrecionalidad, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó que implementó operativos, algunos de estos, basados en visitas de verificación con videograbación y monitoreo con cámaras fijas y colocadas en solapa durante las reuniones de autorizaciones y vigilancia sanitaria.
“El 85 por ciento de las Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios (APCRS) han adquirido 927 cámaras de solapa, con las cuales se han realizado 13 mil 129 visitas videograbadas. Además, 24 áreas han instalado 162 cámaras fijas, registrando dos mil 268 reuniones dedicadas a la atención del sector regulado”, de acuerdo con un comunicado.
Se ha capacitado al 97 por ciento de las áreas estatales, es decir, a más de 3 mil 900 servidores públicos mediante el curso sobre combate a la corrupción, impartido por El Colegio de México (Colmex).
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En 31 APCRS se han capacitado a tres mil 997 servidores públicos mediante el curso en materia de historia, cultura y costos de la corrupción, así como instituciones e impunidad y anticorrupción, impartido por el Colmex . Adicionalmente, 24 APCRS han gestionado capacitaciones ante sus Órganos Internos de Control y Secretarías de la Función Pública estatales, con la participación de tres mil 453 funcionarios en temas de prevención de actos de corrupción e integridad en el servicio público.
Al rendir un avance de la Estrategia Nacional de Buen Gobierno (ENBG) en las 32 Áreas de Protección Contra Riesgos Sanitarios (APCRS), para combatir la corrupción, se detalló que desde 2022 se implementaron mecanismos de coordinación nacional, capacitación, supervisión y vinculación orientados a la rendición de cuentas y a la correcta ejecución de procesos regulatorios. Se unificó, por ejemplo,
los mecanismos operativos federales y estatales para prevenir actos de discrecionalidad y corrupción, y modificó el marco normativo para poder monitorear videollamadas.
Se lanzaron campañas de difusión y comunicación dirigidas a los servidores públicos y al sector regulado, entre estos, para denunciar actos de discrecionalidad, promoviendo la cultura de la transparencia y de la legalidad.
Equipamiento tecnológico y la supervisión continua para detectar y corregir desviaciones en los procesos de regulación, control y fomento sanitario.