La estrategia del gobierno de apoyar a la empresa estatal Pemex y su fuerte dependencia de los combustibles fósiles para la generación de electricidad, incrementa la preocupación por la viabilidad de alcanzar los objetivos de una transición energética en México, como reducir sus emisiones de gases efecto invernadero (GEI) en un 35 por ciento para 2030, consideró Moody's.
La firma calificadora recordó que las emisiones de GEI se mantienen al alza en el país, y el gobierno proyecta este comportamiento hasta 2030, lo que refleja el crecimiento de la población y mayores necesidades energéticas.
“Las emisiones (de gases efecto invernadero) en México aumentaron un 51 por ciento, entre 1990 y 2019, y el sector energético fue responsable de casi dos tercios de todas las emisiones de GEI del país en 2019”, mencionó Moody's a través de un análisis.
Resaltó que el país depende en gran medida de los combustibles fósiles, y la intensidad de emisiones de su sector energético supera ligeramente el promedio del Grupo de los Veinte (G20).
Destacó que los sectores eléctrico y del transporte de México contribuyen en gran medida a las emisiones de GEI del país, como el sector eléctrico produce 77 por ciento de su electricidad a partir de combustibles fósiles, de la que 57 por ciento de esa cantidad proviene del gas natural.
Mientras que los combustibles fósiles dominan el sector del transporte, donde los vehículos eléctricos representan tan solo 0.26 por ciento de las ventas de automóviles del país.
El impacto de Pemex, según Moody's
Pemex desempeña un papel importante en la transición de México; en marzo de 2024, la petrolera estatal presentó su plan de sostenibilidad, incluidas las estrategias para la reducción de emisiones, la transición energética, la mitigación del impacto ambiental, la promoción de la seguridad operativa, la responsabilidad social corporativa y la transparencia.
Sin embargo, el principal riesgo crediticio de Pemex es que enfrenta un flujo de efectivo libre negativo y una liquidez muy débil, lo que genera incertidumbre sobre cómo financiará las inversiones de capital necesarias para alcanzar sus objetivos de emisiones.
Moody's refirió que la empresa estatal afirma que su estrategia actual se centra en la eficiencia operativa, con inversiones a corto y mediano plazo solo para iniciativas de mantenimiento y rehabilitación relacionadas con factores ambientales, sociales y de gobernanza, para las que son a largo plazo, la compañía buscará financiamiento externo.
“Estimamos que Pemex necesite un presupuesto de capital anual de 14 mil millones de dólares para mantener sus operaciones y producción de petróleo, en comparación con los 20 mil millones si se propusiera cumplir con sus objetivos”, dijo la calificadora.
“Por lo tanto, incluso con un plan disponible, sus estrategias para reducir emisiones siguen dependiendo del éxito con el que pueda financiarlas e implementarlas”, agregó.
Un problema que persiste en América Latina
Moody's dijo que el diseño y la implementación de políticas gubernamentales para eliminar gradualmente las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y lograr una descarbonización profunda será un proceso lento en América Latina.
Lo anterior, debido a que las leyes de la región sobre reducción de emisiones son débiles o se encuentran en desarrollo.
“Los gobiernos se centran en la seguridad energética para reemplazar los combustibles fósiles importados; las petroleras nacionales disponen de fondos limitados para hacer frente a la descarbonización y generalmente están bajo constante presión para transferirles efectivo a sus patrocinadores soberanos”, explicó la calificadora.
Agregó que el bajo nivel general de emisiones de GEI en la región hace que el objetivo de reducción de emisiones sea de prioridad baja para los gobiernos de América Latina, donde la disminución de emisiones no suele ser su máxima prioridad.
Sin embargo, refirió que a medida que la economía global se inclina hacia la sostenibilidad, las compañías petroleras, que contribuyen en gran medida a las emisiones de GEI, enfrentan una presión cada vez mayor para adaptarse.
“Las empresas latinoamericanas de petróleo y gas, muchas de ellas estatales, enfrentan cada vez más demandas de las partes interesadas para abordar el cambio climático. La futura calidad crediticia de las compañías petroleras nacionales depende en parte de las acciones y plazos de los responsables políticos e inversionistas en sus objetivos de descarbonización".
Finalmente, recalcó que las cuatro principales petroleras nacionales de América Latina están tardando en abordar la reducción de emisiones de carbono por cualquiera de los tres motivos principales: la legislación sobre reducción de emisiones en la región es débil o todavía se encuentra en desarrollo.
“Estas compañías disponen de fondos limitados para hacer frente a la descarbonización; y suelen estar bajo presión para transferirles efectivo de regalías, impuestos y dividendos a sus patrocinadores soberanos”, concretó.
MRA