El jaloneo por las reformas a la Ley de Hidrocarburos subió de tono ayer, cuando Juan Pablo Gómez Fierro, juez segundo de distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, concedió tres suspensiones más contra la ley, sumando ocho en total.
De inmediato la Secretaría de Energía informó que acatará la decisión, sin embargo dijo que continuará “en las instancias correspondientes para eliminar dicha suspensión, y en su caso hacer los cambios necesarios a fin de garantizar en México el adecuado balance energético y erradicar prácticas ilícitas”.
Por la mañana, previo a conocerse las nuevas suspensiones, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que es entendible la actuación de Gómez Fierro, debido a que defiende a grupos de intereses creados; “unos lo hacen por conservadurismo y otros por dinero”.
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Señaló que como jefe del Ejecutivo, a él no le toca investigar el actuar de los jueces, pero sí posee la responsabilidad de defender a la nación.
El próximo viernes el juez definirá si paraliza de manera indefinida la aplicación del estatuto, ya que se llevará a cabo una audiencia donde determinará si otorga la suspensión definitiva a los primeros cinco quejosos.
El juzgador mencionó que el estatuto atenta contra la competencia y libre concurrencia, y puede abonar a que Petróleos Mexicanos (Pemex) retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética.
En su resolución mencionó que los artículos 57, el cuarto y sexto transitorios, generan incertidumbre jurídica para los permisionarios y pueden ocasionar una reducción considerable del número de competidores en los sectores aludidos, otorgando poder de mercado a Pemex y reduciendo las condiciones de oferta.
Lo anterior, abundó, puede llevar al aumento de precios de los bienes y servicios ofrecidos a lo largo de la cadena de valor de los mercados de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos, lo que impactará de manera negativa para los consumidores finales.
Explicó que es indispensable la concurrencia de diversos participantes, circunstancia que no podrá acontecer si se permite que se aplique un régimen de sanciones que propone la revocación indiscriminada de permisos, lo que dará ventajas competitivas para ciertos participantes, entre ellos Pemex y sus subsidiarias.
Las suspensiones provisionales concedidas ayer fueron para las empresas Servicio Villa de Arista, Petrotal y Tiger Fuel.
El lunes pasado el mismo juez otorgó cinco suspensiones provisionales con efectos generales que frenaron la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, que entró en vigor el 4 de mayo. Las primeras cinco suspensiones fueron concedidas a apoderados legales de Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc y de Distribuidora de Combustibles Mil, así como a Dalia Pilar Lamarque Picos.
En su cuenta de Twitter, la secretaria de Energía, Rocío Nahle, dijo que el poder legislativo hizo modificaciones a la ley para evitar prácticas de contrabando y venta ilegal de combustibles, el cual es un delito en México.
Compás de espera
El presidente de la comisión de Energía del Consejo Coordinador Empresarial, Roger González, informó que cerca de 128 proyectos energéticos, respaldados por la iniciativa privada, están esperando su reactivación, los cuales representan inversiones por 35 mil millones de dólares.
En el Foro Energy Innovation Days, González comentó que los 128 proyectos forman parte de un paquete de 340 que se dieron a conocer el año pasado en infraestructura energética y que en conjunto representan una inversión de 100 mil millones de dólares y la creación de 500 mil empleos entre directos e indirectos en el país.
Con información de: Pilar Juárez y EFE