El Colegio Nacional del Notariado Mexicano (CNNM) busca reavivar la propuesta de Olga Sánchez Cordero de reformar el artículo 121 de la Constitución para que solo se asignen notarías por medio de un examen para que la fe pública sea más accesible, ágil y transparente.
Guadalupe Díaz Carranza, presidenta de la agrupación, dijo a MILENIO que esto beneficiará a más de 10 millones de hogares en el país que no tienen regularizada su propiedad y pueden ser víctimas de despojo.
Reveló que ya pidieron al Poder Legislativo retomar el análisis de esa iniciativa que en junio de 2023 presentó la entonces senadora Sánchez Cordero en la que además se eleva a rango constitucional la fe pública notarial.
“De aprobarse esa iniciativa se tendrá mayor certeza de que la fe notarial sólo recaerá en los más capaces y aptos pues implica también la capacitación y certificación constante para poder conservar el encargo”, expuso.
De acuerdo con datos del Inegi, alrededor de 10 millones de los 35 millones de hogares mexicanos registrados, no cuentan con una escritura pública por falta de información sobre las jornadas notariales que implican descuentos de hasta 50 por ciento en honorarios así como reducciones en pago de impuestos y derechos que dependen de cada entidad o municipio.
“Con la iniciativa que obliga a la constante profesionalización, se estandarizarán los perfiles de los 4 mil 300 notarios en el país propiciando relevos generacionales más justos y comprometidos con la sociedad para que sin mayores problemas puedan certificar sus operaciones de compraventa, donaciones, testamentos y constitución de sociedades que son los rubros más solicitados”, remarcó Díaz Carranza.
Asentó que no por contar con un documento de posesión a nombre de un familiar, se tiene la propiedad de un inmueble porque “no se trata de endosar una factura, sino que la operación debe ser objeto de avalúo y certificarse para proceder a la escrituración y alta en el Registro Público de la Propiedad, de lo contrario, lamentablemente, esa falta de certeza jurídica puede dar paso a la indefensión o despojo”.
Destacó que parte complementaria de la iniciativa que en su momento no prosperó por tratarse de una reforma constitucional, es que establecerá parámetros de topes máximos y mínimos en las remuneraciones de los notarios a través de aranceles aprobados por las autoridades locales, esto a fin de evitar abusos o malas prácticas aunque aclaró que el gasto promedio por servicios notariales no superan el 1.3 por ciento del valor del inmueble.
Hay respeto
Guadalupe Díaz Carranza subrayó que aunque se trata de una modificación federal, la iniciativa prevé el respeto a la división de poderes por lo que cada gobierno de los estados podrá definir sus criterios en el examen de oposición y serán quienes conserven la facultad de otorgar las patentes notariales conforme al mejor perfil.
Destacó que por otra parte se contempla ya la utilización de archivos digitales, firma electrónica, medios de transmisión de datos, así como sistema de ciberseguridad para agilizar los trámites respetando siempre la autonomía y territorialidad de los estados.
“Ya estamos trabajando en poner en marcha la Actuación Notarial Digital cuyo marco legal estamos compartiendo con todos los presidentes de los colegios de notarios para que lo revisen, lo armonicen con la situación de cada uno de los estados y lo presenten a sus congresos locales para su posible aprobación, todo ello bajo los parámetros de la Unión Internacional del Notariado que ante todo trámite a distancia antepone la seguridad y certeza jurídica”.
La presidenta del CNNM consideró que establecer el examen de oposición y elevar a rango constitucional la fe notarial reforzará la percepción de confianza y seguridad de los profesionales en el gremio en quienes las autoridades descargan cada vez mayores responsabilidades de carácter civil, administrativo y hasta penal.
“Yo te puedo hablar que salvo algunas excepciones de mal actuar que siempre reprobamos, somos un gremio comprometido con la sociedad y consecuentemente con las acciones del gobierno para combatir actos ilícitos pues en nosotros recae la responsabilidad de detectar y denunciar operaciones de evasión fiscal o de impuestos y presentar mensualmente a la Unidad de Inteligencia Financiera reportes que prevengan lavado de dinero, por lo que la investidura de rango constitucional vendrá a reforzar sin duda, nuestra labor de seguridad jurídica en los actos y hechos en que los que se da fe, así como reafirmar la certeza de que quienes ejercemos esta facultad somos los más probos y capaces”.
ER