Empresas de la localidad y particulares alistan promover los primeros amparos contra la Ley Federal de Telecomunicaciones, la cual establece la obligatoriedad de proporcionar datos biométricos de los usuarios de telefonía celular.
Jorge Arrambide, del despacho Santos Elizondo, comentó que en unos días este despacho presentará algunos amparos, e incluso uno colectivo contra la Ley de Telecomunicaciones.
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Dijo que un amparo puede llegar a costar desde 100 mil pesos hasta un millón de pesos, dependiendo el despacho, pero se pueden juntar varias personas en un amparo colectivo para que el costo se reparta entre todos.
Sobre los amparos que ese despacho interpondrá, comentó, estará listo en unos días.
“Estamos elaborándolo, tenemos 30 días hábiles para presentarlo a partir del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación”.
Señaló que los juicios de amparo se presentarán ante el Juez de Distrito especializado en telecomunicaciones, los mismos que están recibiendo los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Hidrocarburos, lo cual preocupa porque se saturarán.
Por su parte, Mariano Calderón, socio y especialista en materia de amparos de la firma de abogados Santamarina + Steta, dijo que dicha ley ha generado mucha inquietud y preocupación entre la población, y que se han acercado empresas y particulares para informarse sobre los amparos.
“Esperamos que sean miles de amparos los que se generen. Será un gran reto para el Poder Judicial atender tanto amparo y desahogar el trabajo que tienen”, añadió.
Para Calderón existen suficientes elementos de inconstitucionalidad, uno de ellos es el uso indebido de los datos personales y la falta de proporcionalidad de tener que dar los datos biométricos frente a la consecuencia de la cancelación de la línea telefónica, la cual también constituye una violación al derecho de la información.
Consideró que la facultad de perseguir los delitos no debe darse como una medida en detrimento de los derechos y garantías de las personas, y aquí el estar proporcionando los datos biométricos coloca a las personas en una posición de vulnerabilidad frente a la seguridad y la confiabilidad del padrón, además de exponer a riesgos innecesarios.
Sostuvo que la obligatoriedad que dicta la nueva Ley no garantiza que puedan disminuir los delitos (extorsión telefónica), según el argumento que ha dado la autoridad como justificación para hacer valer esta ley.