El déficit fiscal en México es 4.3 por ciento proporcional al Producto Interno Bruto (PIB) del país, con datos a 2022, muy por encima del 2.3 por ciento de 2019 y superando así por primera vez en ocho años al promedio de América Latina, informó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
De acuerdo con su reporte “Panorama de las Administraciones Públicas: América Latina y el Caribe 2024”, el organismo de cooperación internacional expuso que el promedio de la región es de 3.4 por ciento, mientras que el de las naciones que conforman la OCDE es de 3.6 por ciento.
“Los ingresos del gobierno representaron 24.2 por ciento del PIB de México en 2022, en comparación con el 31.5 por ciento en promedio en los países de América Latina y el Caribe y e39.7 por ciento en los países de la OCDE. Esta proporción de ingresos en relación con el PIB ha aumentado desde 23 por ciento en 2019”, detalló.
Por ello, remarcó que para lograr avances significativos hacia un crecimiento inclusivo y sostenible, los gobiernos deben gestionar sus recursos existentes de forma estratégica.
“Desde una perspectiva fiscal, esto implica equilibrar cuánto gasta y cuánto recauda el gobierno. Desde la perspectiva de los recursos humanos, significa reforzar la capacidad y las competencias de los empleados públicos y crear una fuerza laboral pública y oficiales públicos electos que representen a todas las personas a las que sirven”, destacó.
Confianza en educación, desconfianza en jueces
La OCDE también reveló datos sobre la percepción de los mexicanos en su gobierno e instituciones afirmando que menos de la mitad de los mexicanos están satisfechos con el sistema judicial (43 por ciento del total).
Por otro lado, hay satisfacción con el sistema educativo (67 por ciento) que está alineada con los promedios de América Latina (66 por ciento) y de la OCDE (67 por ciento).
Cabe destacar que la satisfacción con el sector de salud es del 57 por ciento, cifra superior al promedio de la región (53 por ciento) pero 11 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE (68 por ciento).
Remarcó que también es importante que México cuente con estrategias para promover la contratación pública verde o vigilar la conducta empresarial responsable, porque no las tiene, ni para promover la participación de las pequeñas y medianas compañías en los procesos de contratación pública.
“México cuenta con políticas para la inclusión de personas con discapacidad y jóvenes profesionales en la fuerza laboral pública a nivel federal, pero no tiene objetivos específicos. Además carece tanto de políticas como de objetivos para la representación de pueblos originarios”, refeire.
MRA