La crisis del covid-19 enseñó que los gobiernos deberán responder a crisis futuras con rapidez, al tiempo que salvaguardan la confianza y la transparencia, pues la evidencia sugiere que se podría haber hecho mucho más para reforzar la resiliencia y muchas acciones pueden haber afectado la información entre los gobiernos y sus ciudadanos, refirió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
De acuerdo con el informe Government at a Glance 2021, en México, solamente 38 por ciento de los ciudadanos se siente satisfecho con servicios públicos relacionados con la policía, contra 78 por ciento que es el promedio de la OCDE.
Al evaluar la satisfacción de los servicios públicos relacionados con la salud, 48 por ciento de los mexicanos está satisfecho, contra 71 por ciento del promedio de la OCDE; en educación, 48 por ciento está satisfecho, contra 68 por ciento de la OCDE; y 35 por ciento está satisfecho con el sistema judicial, mientras que en la OCDE el porcentaje es de 57 por ciento.
Con respecto a la confianza en las instituciones, 50 por ciento de los mexicanos confía en el gobierno, nivel prácticamente igual al promedio de la OCDE, de 51 por ciento; no obstante, solamente 15 por ciento confía en el poder legislativo (parlamento), contra 34 por ciento en la OCDE; y 17 por ciento confía en el servicio civil, por debajo 49 por ciento de la OCDE.
A esto se suma que México tiene la inversión pública más baja entre los países de la OCDE, pues en 2019 fue de 1.3 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del promedio de la OCDE de 3.4 por ciento, que representa una disminución de 0.7 puntos porcentuales con respecto a 2007, cuando la inversión pública de México fue de 2 por ciento del PIB.
Aspectos positivos en México
Algunos aspectos positivos se relacionan con que México es uno de los dos países de la OCDE en lograr la igualdad de género en el parlamento, ya que en 2021, 48 por ciento de los parlamentarios estaba formado por mujeres, la segunda mayor proporción entre los países de la OCDE, donde el promedio es del 32 por ciento. Esto significa un aumento de 11 puntos porcentuales con respecto a 2012, cuando la proporción de mujeres parlamentarias en México era de 37 por ciento.
Además, México tiene buenas prácticas para asegurar la independencia de los reguladores en algunos sectores y está por encima del promedio en cuanto a independencia de los reguladores de energía y comunicaciones electrónicas; no obstante, México podría incrementar la independencia de los reguladores en el transporte ferroviario y aéreo.
Acciones
Ante este panorama, la OCDE instó a los gobiernos a redoblar sus esfuerzos en tres áreas para impulsar la confianza y la transparencia y reforzar la democracia.
Primero, abordar la desinformación, ya que incluso con un aumento en la confianza en el gobierno provocado por la pandemia en 2020, en promedio sólo 51 por ciento de las personas en los países de la OCDE para los que hay datos disponibles confiaba en su gobierno, y existe el riesgo de que algunas personas y grupos se estén disociando de los procesos democráticos tradicionales.
Segundo, es fundamental mejorar la representación y la participación de manera justa y transparente, por lo que los gobiernos deben buscar promover la inclusión y la diversidad, apoyar la representación de los jóvenes, las mujeres y otros grupos subrepresentados en la vida pública y la consulta de políticas, pues el ajuste de las prácticas de consulta y participación podría mejorar la transparencia y la confianza en las instituciones públicas.
Tercero, se debe priorizar el fortalecimiento de la gobernanza para abordar los desafíos globales mientras se aprovecha el potencial de las nuevas tecnologías. En 2018, sólo la mitad de los países de la OCDE tenía una institución gubernamental específica encargada de identificar crisis nuevas, imprevistas o complejas.
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Para estar en forma para el futuro y asegurar las bases de la democracia, los gobiernos deben estar preparados para actuar con rapidez y escala, al tiempo que salvaguardan la confianza y la transparencia.
Aunado a lo anterior, apuntó la OCDE, los gobiernos también deben aprender a gastar mejor, deberán revisar el gasto público para aumentar la eficiencia, garantizar que las prioridades de gasto coincidan con las necesidades de las personas y mejorar la calidad de los servicios públicos.
MRA