Ante la probable aprobación de la Ley de la Industria Eléctrica en el Congreso de la Unión, vendrá una ola de amparos de todos los generadores de energía, desde los que participaron en las subastas, los generadores del régimen legal anterior (entre ellos, el autoabasto, la cogeneración y los IPPs), así como los que construyeron proyectos “merchant” para el nuevo mercado eléctrico, señaló el abogado del despacho Foley Arena en México, David Berezowsky.
“Viene un problema serio para el país. La aprobación de la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, tensará aún más el ambiente con los inversionistas, nacionales y extranjeros. En éstos días veremos la promoción de un número considerable de amparos por el sector privado y ONGs, así como controversias constitucionales por los entes competentes, y pronto empezarán los arbitrajes internacionales bajo la cobertura de los diferentes tratados internacionales que ha celebrado México”, aseguró.
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De acuerdo con un comunicado el efecto económico de este cambio podría ser comparable al que tuvo la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, y advirtió sobre el surgimiento de procedimientos de arbitraje internacional de diversas empresas para proteger sus inversiones bajo dichos tratados.
“Este giro a la ley se puede considerar una expropiación indirecta bajo la cobertura de los tratados internacionales. Los inversionistas llegaron a invertir a México con unas reglas que hoy están cambiando. Sin embargo, una expropiación directa de activos sería complicada, porque el Estado no tiene los recursos para nacionalizar la industria eléctrica”, añadió.
El especialista de Foley Arena comentó que si la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica se aprueba y se prioriza a las centrales de la CFE en primer lugar en el despacho de energía, esto tendrá como consecuencia que la energía sea más cara para todos, por lo que el Estado acabará subsidiando el costo para el servicio básico y los que sufrirán las consecuencias directas serán el sector comercial e industrial”.
Aunado a esto, los efectos ambientales de esta reforma, provocarán el incumplimiento de México a sus metas de reducción de gases de efecto invernadero y de transición energética previstos tanto en su régimen interior como en los tratados internacionales suscritos en esa materia, concluye.
lvm