Un juez federal otorgó una suspensión definitiva para todo el distrito minero consistente en 24 concesiones ubicadas en municipios de Actopan y Alto Lucero, en Veracruz.
En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) recordó que el pasado 22 de septiembre, un juez federal otorgó la suspensión definitiva a cuatro de dichas concesiones mineras concedidas por la Secretaría de Economía (SE).
- Te recomendamos La CEOE española recibe a empresarios mexicanos Negocios
El 28 de diciembre, el Juzgado Primero de Distrito en el estado de Veracruz otorgó la suspensión definitiva a las otras 20 concesiones, por lo que no se podrá ejecutar ninguna de las 24 concesiones mineras, es decir, que durante el trámite del juicio las autoridades no podrán expedir autorización alguna y que las empresas deberán abstenerse de realizar cualquier actividad tendiente al proyecto minero.
Está acción se dio como respuesta al amparo interpuesto el 25 de agosto del 2022 por habitantes de los municipios de Actopan y Alto Lucero, ya que señalan que el proceso de expedición de los títulos de concesión minera, la autoridad incurrió en la omisión de garantizar sus derechos humanos a un medio ambiente sano, al agua y a la participación en la toma de decisiones ambientales.
La resolución judicial señala que “es posible advertir que, al margen del interés particular que pudiera existir para el aprovechamiento de la concesión minera, el derecho a la salud y protección de la vida del que gozan los seres humanos prevalece como derecho preponderante.
También consideró que la dimensión colectiva de la protección del derecho a un medio ambiente sano al señalar que ésta “resulta indispensable para el ejercicio de los demás derechos fundamentales de los quejosos y del resto de la población”.
La resolución indicó que la continuación de operaciones de actividad minera en la zona de Actopan, Veracruz, reclamada podría vulnerar en perjuicio de los peticionarios de amparo, su derecho a la salud y a un medio ambiente sano.
El Cemda añadió que el distrito minero presenta un riesgo no solamente para las comunidades, sino también para la población adyacente debido a la cercanía con la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde, el paso de líneas eléctricas de alta tensión, los ductos que transportan hidrocarburos y los eventos meteorológicos típicos de las zonas costeras.
"Las comunidades y organizaciones que estamos en este proceso esperamos un proceso largo, por lo cual, pedimos a las autoridades judiciales se apeguen al marco jurídico y en especial al Acuerdo de Escazú para cuidar y garantizar el acceso a la justicia ambiental".
srgs