La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena, aseguró que el esquema de subcontratación, mejor conocido como outsourcing, abrió la puerta a la precarización del trabajo, afectando principalmente a las mujeres en México y el resto de la región.
Durante la presentación del estudio "La Autonomía Económica de las Mujeres en la Recuperación Sostenible y con Igualdad", Bárcena indicó que la problemática se centra en un tema de fiscalización y reconoció que si bien, hay empresarios que han utilizado para bien este esquema labora, existe otra cantidad quienes lo utilizan para abatir costos y ello profundizó la desigualdad.
“La iniciativa de ley a la subcontratación que busca prohibir este esquema laboral tiene lógica, porque la subcontratación ha abierto, desgraciadamente, la puerta en América Latina y el Caribe a la precarización laboral, no solo en México, yo diría que en toda la región y esto tiene mucho que ver con el tema de fiscalización”.
En el caso de México dijo, existen empresas en las que toda la plantilla laboral operaba bajo este esquema, y el personal “terciarizado” pasó del 9.5 al 25 por ciento lo que ocasionó una caída importante en las remuneraciones a la seguridad social y en consecuencia aumento en la pobreza.
“Es cierto que las empresas buscan esta opción porque les permite abatir costos, pero la realidad es que la subcontratación profundiza la desigualdad entre ingresos, capital y masa salarial”.
La secretaria ejecutiva de la Cepal aseguró que no se trata de perder empleos ni de que las empresas decidan cerrar, pero sí limitar la precarización del trabajo y propiciar los derechos laborales, como lo señala la ley, y que beneficia en gran medida a las mujeres.
“Esto significa que pueda haber jubilación, reparto de utilidades y evitar la creación de empresas fantasmas que no asumen responsabilidades en los despidos. Creo que lo que se está buscando es mejorar la regulación laboral, avanzar hacía un mejor espacio de trabajo, que sea igualitario y garantizar derechos”.
AMP