En las mesas de negociación para el tema del outsourcing o subcontratación, el gobierno federal propuso a la iniciativa privada nacional modificar totalmente este esquema laboral, a cambio de aplicar un tope a los criterios mediante los cuales se reparten las utilidades de las empresas a los trabajadores.
Los criterios que se aplican para el reparto de utilidades en una empresa están enmarcados en el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo, el cual dicta que deberá realizarse en un plazo máximo de 60 días posterior a la fecha en la que se deba pagar el impuesto anual. Con el reparto de utilidades las compañías están obligadas a distribuir entre sus colaboradores 10 por ciento de sus utilidades fiscales.
Una fuente cercana a la negociación consideró que la propuesta gubernamental “es una imposición y un acatamiento de orden en donde se prohíbe la subcontratación y a cambio va a haber una participación de los trabajadores en las utilidades (PTU) topado, pero la verdad es que no estamos de acuerdo con la prohibición de la subcontratación”.
Destacó que esta es la propuesta que el Ejecutivo envió al Legislativo, “y habrá que trabajar sobre todo con los diputados, para tratar de meterle mano a la propuesta que fue presentada por el Presidente".
“La iniciativa la propuso el Ejecutivo, falta que pase a diputados y senadores; ellos quieren que todo pase este año y entre en vigor en enero. Confiemos en nuestro Poder Legislativo que tiene la última palabra para salvar a la industria y el empleo en México”, comentó en entrevista con MILENIO.
Sobre si la subcontratación desaparecerá de México afirmó: “Como la conocemos sí, todavía se está viendo qué reglas se van a poner, pero sí, sí es un hecho; dicen que sí se toma en cuenta al sector privado; sin embargo, ya había una prenegociación dentro de la mesa de negociación, donde se invitó a ciertas cámaras y luego ya no fueron invitadas”.
Comentó que el sector privado hablará tanto con diputados como con senadores “para hacerlos entender el daño que causaría a México la prohibición de este servicio” y también cabildearán para ver si los legisladores “pueden meter la mano en pro de la industria y el trabajo en nuestro país”.
Expuso que las consecuencias de prohibir este esquema laboral representa una pérdida inmediata de 3 o 4 millones de empleos y cada año de 200 mil.
Agregó que uno de los riesgos que tiene el país al tomar una propuesta como esta es que ya no lleguen inversiones, “y dos, te pega a la inversión sobre todo a la industria e integradoras, entre ellas la automotriz que es la que más debemos cuidar hoy, sobre todo con el T-MEC”.
Por otro lado otra de las fuentes allegada a la negociación, explicó a MILENIO que está cambiando el concepto de subcontratación, “que es que no se va a poder subcontratar a personas que hagan lo mismo que hacen las empresas en su actividad principal. Y si subsiste la subcontratación pero en actividades especializadas, al cumplir ciertos requisitos”.
“Es importante distinguir, porque ahí es donde cae una confusión, de, oye ya se prohibió toda la subcontratación; no, no está prohibida toda la subcontratación, solamente esta modalidad, donde una empresa le pedía a otra que le pusiera trabajadores en su negocio, y estas personas tenían otro patrón. Eso quedo prohibido. Ahora queda a actividades especiales con un registro, pero se puede seguir subcontratando con los cumplimientos”, aseguró.
Respecto a cuánto podría ser el tope del PTU para aplicar con la modificación de la subcontratación, comentó “no hay una cantidad, porque no hemos encontrado realmente cuál sería lo adecuado para que se tenga el justo medio, porque depende de muchas cosas el PTU, desde la fórmula que tiene de cálculo donde simplemente es el 10 por ciento sobre la utilidad de la renta grabable, y influyen muchos temas”.
bgpa