Moody’s señaló que el estímulo fiscal al impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) que aumentará 48 por ciento en 2018 como parte de la política del gobierno de suavizar los aumentos de precios de los combustibles es negativo en términos crediticios para . estados y municipios mexicanos.
En un documento, la agencia calificadora explicó que esa medida limitará el crecimiento de las transferencias federales no etiquetadas o participaciones, que se componen de varios impuestos federales que incluyen el IEPS a la gasolina, y son una de las principales fuentes de ingresos de los gobiernos estatales y municipales.
Indicó que durante los primeros cinco meses de 2018, los ingresos del IEPS a gasolinas que se distribuyeron a los estados a través de las participaciones tuvieron una caída de 8 por ciento, en comparación con el mismo período del año anterior; como resultado, los ingresos del IEPS disminuyeron a 3.7 por ciento de los ingresos totales en el Fondo General de Participaciones durante el lapso, contra 4.2 del año previo.
Añadió que la existencia de subsidios en 2018 también es negativa para los ingresos de las entidades subnacionales porque indica que el gobierno federal sigue demorando la total liberación de los precios de la gasolina, pues el IEPS representa una cuota fija sobre cada litro vendido, pero se siguen otorgando los estímulos fiscales, por lo que el flujo de ingresos seguirá siendo volátil en el Fondo General de Participaciones.
Abundó en que las participaciones representan alrededor de un tercio de los ingresos totales en promedio de los estados, y un menor crecimiento influirá sobre sus resultados financieros y puede incrementar las presiones de liquidez en el sector, por lo que estima que las necesidades de financiamiento de las antidades aumentarán ligeramente en 2018, lo que provocará déficits financieros moderados equivalentes a 1.5 por ciento de los ingresos totales.
Además, un menor crecimiento de los ingresos también puede influir en los niveles de cobertura del servicio de la deuda para los créditos respaldados de los gobiernos regionales y locales, 98 por ciento de los cuales están protegidos con participaciones.