Decenas de irregularidades y sobrecostos detectó el gobierno en la rehabilitación de las plantas de nitrogenados de la empresa Agro Nitrogenados, subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), en el estado de Veracruz tras su compra por parte de Pemex, adquisición que desencadenó en la detención del presidente de la siderúrgica, Alonso Ancira y la del ex director de la petrolera, Emilio Lozoya.
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló en enero de 2019 que se formalizó la compra de la planta de fertilizantes con equipo incompleto, en mal estado y no utilizable, con 30 años de antigüedad y 18 años fuera de operación; la adquisición también careció de estudios y análisis competentes para garantizar su rentabilidad y determinar adecuadamente los costos de mantenimiento.
En su reporte, la ASF señaló que en la compra de Agro Nitrogenados se incumplieron con los objetivos y las metas de poner en operación la planta de fertilizantes nitrogenados y se rebasaron los costos en 127 por ciento al pasar de 195 millones de dólares a 443 millones de dólares.
Rehabilitación infructuosa
Cuando Emilio Lozoya era director general de Pemex, manifestó el interés de comprar las plantas de fertilizantes de AHMSA, con el propósito de tener un precio competitivo en beneficio del campo y como respaldo del programa nacional agroalimentario.
El 20 de diciembre de 2013, Pemex a través de Pro Agro compró Agro Nitrogenados, Agro Inmuebles y Agro Administración a fin de realizar la compraventa de la planta de fertilizantes y la unidad de compresión, ubicadas en Coatzacoalcos y Cosoleacaque, Veracruz y se acordó un precio de 275 millones de dólares más IVA.
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En agosto de 2014, se buscó desarrollar la ingeniería, procura y construcción de la rehabilitación de las plantas de urea en un plazo de 610 días; un año más tarde, se modificó el contrato para ampliar el tiempo de ejecución a 943 días para concluir en marzo de 2017, con un costo de 443 millones de dólares.
Tres años después, sin ninguna planta operando con sobrecostos, el gobierno determinó que los tiempos para hacer la rehabilitación no habían generado utilidades para el Estado y que el proyecto no era rentable. También señaló que se pagó la rehabilitación de equipos sin justificar las causas de su sobrecosto.
Tras dos procesos de auditoría que concluyeron en noviembre de 2017, la ASF emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que la Unidad de Responsabilidades en Pemex realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos.
A la fecha, las empresas que se compraron a AHMSA no tienen ningún tipo de operación y en el reporte anual de la empresa siderúrgica se reportó un saldo por cobrar a Pro-Agroindustria por 5.8 millones de dólares derivado de la venta de activos a Pemex a través de la subsidiaria Agro Nitrogenados en 2014.
lvm