La Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) refirió que si bien su compromiso es atender y denunciar penalmente todo acto de defraudación al fisco federal y su encomienda es combatir los delitos fiscales tipificados en la normativa, cualquier persona que ha sido acusada de un delito fiscal puede hacer valer todos sus argumentos y pruebas ante tribunales, como lo establecen la Constitución y las convenciones internacionales.
En un comunicado, la PFF recordó que el gobierno federal ha implementado una política contra los esquemas ilegales y sistémicos de evasión, sobre todo en contra de organizaciones factureras, y de grupos dedicados a planear, ejecutar estrategias de subcontratación ilegal y simulaciones de asimilables a salarios.
Explicó que siguiendo este mandato, los contribuyentes que recurren a ese tipo de actividades fraudulentas serán perseguidos penalmente y obligados a reparar el daño económico ocasionado y, de acuerdo con las reformas aprobadas por el Congreso de la Unión, las relacionadas con la delincuencia organizada y que atentan contra la seguridad nacional.
No obstante, la procuraduría exhortó a los indiciados a presentarse ante el juez que los aperciba para llevar el proceso legal, como cualquier ciudadano, pues la autoridad no hace distinción alguna entre contribuyentes; investiga delitos y a sus responsables o beneficiarios, de manera objetiva y puntual.
La PFF aseguró que toda acusación se finca sobre bases sólidas y objetivas, tal y como se estableció desde el primer día de la actual administración.
srgs