El Instituto del Derecho de las Telecomunicaciones (IDET) exhortó al Gobierno de Ciudad de México para que considere los riesgos económicos de impulsar en el Congreso local la aprobación de un marco legal que establezca obligaciones para los concesionarios de telecomunicaciones en relación con el despliegue de su infraestructura de redes.
Explica que pasar de la infraestructura aérea a la subterránea, puede llegar a multiplicar los costos de los operadores por 10.
La preocupación del IDET está relacionada tanto con aspectos legales como económicos (ya que repercutirá en las tarifas que dan a los usuarios), es decir, obligaciones para que las redes públicas se desplieguen o instalen de manera subterránea en la capital del país.
“Por un lado, si bien las autoridades locales y las entidades federativas tienen competencia para establecer normas sobre desarrollo urbano de aplicación exclusiva dentro de su propia demarcación territorial, no pueden dejar de lado el andamiaje constitucional y legal que establece que lo relacionado con las vías generales de comunicación (que incluye los derechos de vías sobre los que está instalada infraestructura de telecomunicaciones), es de jurisdicción federal”.
De igual forma, el IDET hizo un llamado al Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) para que ejerza las facultades constitucionales con las que fue dotado en la reforma de 2014 y que inicie un diálogo formal con el gobierno de la Ciudad sobre los aspectos jurídicos de la intención de obligar a enterrar la infraestructura telecomunicaciones.
Por ejemplo, la infraestructura aérea actual, permite que siete de cada 10 viviendas dispongan de telefonía fija, cerca de ocho cuente con acceso a internet, aproximadamente 5 cuente con servicios de televisión restringida y poco más de una tercera parte con algún servicio de streaming, de acuerdo con el Inegi.
Afirmó que el alza en los precios de los servicios de telecomunicaciones en la capital no sólo puede afectar el bienestar de la población, sino frenar la conectividad.