Luego de que Estados Unidos y México presentaron un plan de acción para integrar suministros de minerales críticos en la seguridad norteamericana, a través de un documento del Departamento de Estado, diversos colectivos señalaron que esto pone en riesgo la soberanía del país sobre los recursos.
El objetivo del plan firmado este 4 de febrero entre Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México y Jamieson Greer, Representante de Comercio de Estados Unidos, es asegurar el suministro de los denominados minerales críticos para Estados Unidos y garantizar su preferencia como comprador con los precios pactados.
Este acuerdo, que entrará en vigor en 60 días, contempla incorporar estándares regulatorios para facilitar la explotación, procesamiento y comercialización de los minerales críticos, lo que significa que intentarán debilitar los avances en la regulación sobre la exploración y explotación minera y “abrir nuevamente las puertas para el despojo, el desplazamiento y la destrucción de comunidades, ecosistemas y territorios”, señalaron diferentes colectivos.
En un comunicado, puntualizaron que se debería de cumplir con el mandato y publicar el reglamento de la Ley de Minería que permita implementar la protección de los derechos de las comunidades y el medio ambiente logrado en 2023.
Explicaron que dicho plan estaría revirtiendo la actual Ley de Minería y estaría ‘regresando los privilegios’ a la industria como sucedió en administraciones anteriores señaladas como ‘neoliberales’.
Para los colectivos, el plan establece “de manera clara las prioridades, requiere saber qué minerales críticos hay, dónde están y en qué cantidad, establecer medidas comerciales que faciliten el suministro entre las partes, injerencia técnica y regulatoria, invertir en Investigación y desarrollo de tecnología, identificar minerales específicos, proyectos mineros y de procesamiento de interés para Estados Unidos, México u otros países reconocidos con estándares de conducta responsable en los negocios”.
Agregan que el plan evita mencionar los derechos colectivos de las comunidades y pueblos originarios, tampoco hace alusión a la protección de la salud humana, de la biodiversidad y del ambiente.
“En 2018, la gente votó para terminar con la costumbre de privilegiar los intereses privados, nacionales y extranjeros y de los corporativos multinacionales. En 2024, se votó por mantener como prioridad a los pueblos y comunidades que el neoliberalismo pretendió desaparecer", se lee en el documento.
La Colectiva Cambiémosla Ya que reúne a comunidades y organizaciones civiles calificó como una “traición a las promesas de campaña que proclamaron la ampliación de los derechos para los pueblos y comunidades de México”, por lo que señalan que este plan es una amenaza al país, a los pueblos y bienes comunes.
MVDJT