La práctica de adquirir de productos calzado y vestido provenientes particularmente de Asia, mediante intermediarios digitales, quienes pueden ofrecer precios significativamente más bajos debido a la omisión en el pago de impuestos, representa una amenaza para las industrias legalmente establecidas en México, incluidas las importadoras, consideró el IMCP.
“El hecho de que no se paguen impuestos de la forma correcta permite que estos proveedores puedan ofrecer precios muy por debajo del mercado y no está mal poder comprar cosas baratas pero el tema es que tenemos productores mexicanos, distribuidores locales que se están viendo afectados por una competencia desleal, no podrían superar el precio”, comentó Rolando Silva Briceño, vicepresidente fiscal en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).
Estos productos no cuentan con garantía ni cumplen con normas oficiales mexicanas o con la posibilidad de devolución, con lo que se pueda garantizar la calidad, detalló.
Las medidas implementadas por la Secretaría de Economía, van desde el reforzamiento de la vigilancia fiscal hasta iniciativas de protección, aunque están en proceso.
“Se está entonces perfilando algunas modificaciones para generar una vigilancia fiscal más activa, se están dando algunas reglas, incluso para limitar la importación y poder identificar quién es el consumidor final, con el ánimo justo de equilibrar esto, de evitar lo que se podrá convertir en en contrabando”, comentó Silva Briceño.
Destacó que estas estrategias ayudan a la sociedad en general al crear fuentes de empleo.
“Con las compañías textileras hay un reclamo directo por qué se están viendo afectados drásticamente en ese sentido y la consecuencia pues es que incluso podría dejar de generarse o perderse algunas fuentes de empleo”, comentó.
Destacó que, a pesar de ser una medida impopular para los clientes habituales de estas compañías, resulta necesario y urgente garantizar aportaciones al erario y una competencia regulada.
“Estas prácticas podrían generar, a mediano plazo, la pérdida de fuentes de empleo y un incremento en el déficit fiscal del país”, agregó.
“Coincidimos entonces en la necesidad de regular estas prácticas, apoyar el consumo local y generar las definiciones legales necesarias que, sin afectar la libre competencia, brinden certidumbre a quienes cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma dentro de este sector”, finalizó.
MRA