La asociación civil El Poder del Consumidor dijo que espera que la interferencia de la industria de bebidas y alimentos procesados por amparos al nuevo etiquetado frontal de advertencia no avance y que no existan actos de corrupción.
“La votación la perdieron y ahorita están en el poder Judicial que es muy amplio y están tratando. Ahorita hay más de 30 amparos, esperemos que en un país con alta corrupción no se ceda ante la presión”, dijo en conferencia Alejandro Calvillo, director del organismo.
Explicó que la intervención del sector empresarial se dio desde la implementación del etiquetado GDA en 2014, en el que expuso, no se tomó en consideración la opinión de expertos y asociaciones civiles.
“Menos de 4 por ciento lo pudo interpretar y se hizo sin un grupo de trabajo, excluyendo a los organismos de las naciones unidas. Hubo un contubernio total”, afirmó.
Por su parte Marcela Reyes, investigadora y profesora del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos en la Universidad de Chile, indicó que en dicho país con la implementación del etiquetado basado en octágonos el consumo de productos bebibles incluidos lácteos con la referencia “alto en”, disminuyó entre 23 y 24 por ciento en los hogares.
“Esta interferencia de la industria la hemos visto en América Latina y cómo terminan afectando la democracia porque al pretender la industria que primen los intereses económicos sobre los derechos humanos, se socava la democracia”, sostuvo Yessika Hoyos, del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) en Colombia.
La especialista indicó que la intervención del sector en la región se ha dado a través del cabildeo en el congreso y relación con legisladores para que no se lleve; financiación de campañas electorales, a través de la cual dan una cantidad de recursos para poner a congresistas que hacen el favor de legislar a favor de sus intereses económicos; pago de expertos con conflicto de interés; difusión de argumentos falsos como el riesgo económico, como la pérdida de empleos; lavado de marca mediante proyectos de responsabilidad social; demandas judiciales; así como intimidaciones a organizaciones civiles y de derechos humanos.
“Con estas prácticas la gran industria termina afectando la real implementación en donde la termina convirtiéndose en un actor regulador que quiere promover sus prácticas para autorregularse; se terminan poniendo por encima los derechos económicos. Es importante que la industria no siga obstaculizando y dejen que sea un actor regulado”, aseveró.
GGA